El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentaron este jueves un “habeas corpus” preventivo ante la Justicia argentina en respuesta al pedido de captura internacional emitido por Venezuela contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios radicaron la presentación en los tribunales federales de Retiro y el pedido quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
” Si bien la ley 23.098 establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para la tramitación de una denuncia de Habeas Corpus, tratándose de un pedido en beneficio de funcionarios federales, a los que se pretende encarcelar arbitrariamente con motivo o ejercicio de su cargo en el Estado Nacional, consideramos que corresponde entender en su sustanciación a la justicia en lo criminal y correccional federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice el texto.
“Indudablemente la existencia de un pedido de captura contra los beneficiarios de esta acción constituye una amenaza ilegal de su derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales de igual jerarquía”, señala.
En ese sentido, Cúneo Libarona y Barra señalaron que el pedido de detención del presidente argentino, su hermana Karina y Patricia Bullrich por parte del gobierno de Nicolás Maduro es “un peligro al derecho constitucional fundado en fines exclusivamente políticos, emanada de un Estado que no respeta la imparcialidad judicial, y por tanto resulta arbitraria y contraria a los principios legales que rigen en un sistema democrático de derecho”.
“La medida afecta la libertad ambulatoria de los funcionarios en cuyo favor se interpone así como del resto de las personas señaladas previamente, al exponerlos al riesgo de ser detenidos en el ejercicio de sus funciones, en especial en el extranjero, de modo injusto y arbitrario y por cuestiones de índole exclusivamente políticas”, indicaron.
“Es claro que la orden de detención se vincula exclusivamente con fines políticos”
Sobre el pedido de captura contra los funcionarios argentinos, el ministro de Justicia argumentó que se funda “en una supuesta intervención en un proceso judicial que tramitó ante el Poder Judicial de la Nación pese a que no tuvieron absolutamente ninguna actuación funcional en su instrucción y/o decisiones adoptadas”.
“Para ser claros, ni el titular del Poder Ejecutivo Dr. Javier Milei, la Ministra de Seguridad Lic. Patricia Bullrich, ni la Secretaria General de la Presidencia Lic. Karina Milei tomaron intervención funcional alguna en el trámite del expediente judicial. Fueron completamente ajenos al tema”, indica el habeas corpus.
“Por ese motivo, es claro que la orden de detención se vincula exclusivamente con fines políticos y por tanto, para el sistema interamericano de derechos humanos, resulta ilegal”, completa.
La presentación aclara además que, pese a dudar “que un Estado democrático le de curso” a los pedidos de captura, “estos comportan el riesgo de que si, sea por motivos funcionales, ocasionales o incluso accidentales, algún funcionario se ve obligado a ingresar al territorio de un Estado afín al régimen dictatorial de Venezuela (ejemplo Cuba, Nicaragua, etc.) el riesgo de ser objeto de un ataque a su libertad resulta cierto y concreto”.
Maduro quiere meter presos a Milei, su hermana Karina y Bullrich
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció semanas atrás la apertura de dos investigaciones en contra del presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno argentino por la incautación del avión venezolano-iraní de Emtrasur y por supuestas violaciones a los derechos humanos.
En rueda de prensa, Saab anunció que la Fiscalía estaba tramitando órdenes de detención contra el presidente argentino, su hermana Karina Milei, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La primera investigación apunta a lo que desde Venezuela califican de “robo” de una aeronave de carga, que fuera “retenida irregularmente” en el aeropuerto de Ezeiza y entregada posteriormente al Gobierno de Estados Unidos.
Saab explicó que, en el caso del avión, que fue “totalmente desmantelado” en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
El segundo caso, en tanto, plantea presuntas “violaciones a los derechos humanos” que se habrían cometido en el contexto de la implementación del plan económico del presidente libertario.
“El Ministerio Público considera que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, indicó Saab, quien señaló que antes de puntualizar que dichas acciones “se compadecen con lo estipulado en el Estatuto de Roma”.
En ese sentido, el fiscal, quien llamó “fascista” y “neonazi” a Milei, dijo que en Argentina se aplica un “programa de violencia institucional premeditado” contra su población, por lo que señaló al mandatario del país austral como “el violador de derechos humanos más feroz del continente” y como “un peligro brutal para todo el hemisferio”.
Fuente El Cronista
