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Por Marina Cavalari
Con la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil programada para el 27 de octubre, los grupos criminales están utilizando nuevos métodos financieros para influir en los resultados, además de la violencia que han empleado tradicionalmente para intervenir en la escena política.
Los legisladores brasileños denunciaron una cantidad sin precedentes de corrupción, compra de votos e infiltración del crimen organizado durante el actual periodo electoral, cuya primera vuelta tuvo lugar el 6 de octubre.
Según la Policía Federal, las autoridades incautaron más de 50 millones de reales (unos 8 millones de dólares) en 2024 relacionados con la compra de votos y el uso de dinero por parte de partidos y candidatos sin declararlo a las autoridades electorales.
Las incautaciones de dinero relacionadas con las elecciones de 2020 y 2022, cuando el país celebró sus últimas elecciones municipales y federales, respectivamente, no ascendieron a más de 10 millones de reales (alrededor de 1,7 millones de dólares) por ciclo electoral, lo que destaca un nivel sin precedentes de este tipo de irregularidades este año.
El Tribunal Superior Electoral también registró evidencias similares, y los legisladores lo han convertido en un tema central durante sus discursos de campaña. “Casos concretos revelaron que el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) está involucrado en contratos públicos. Supongo que también están [implicados] en campañas electorales”, dijo el legislador Kiko Celeguim en un discurso publicado por Folha, aunque no presentó pruebas.
Los grupos criminales siguen recurriendo a la violencia, que utilizan para manipular las últimas elecciones mediante tiroteos, palizas o disturbios, o para proteger sus intereses, reduciendo la participación electoral y protegiendo a determinados candidatos. En 2024 se produjo un aumento de más del 40% en el número de ataques contra funcionarios locales, según la organización sin ánimo de lucro Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (Armed Conflict Location & Event Data, ACLED).
El 3 de octubre, por ejemplo, tres hombres en motocicleta asaltaron e hirieron a un candidato a concejal en Barra do Piraí, en el estado de Río de Janeiro. Dos días después, un hombre armado disparó contra el vehículo de un concejal y candidato a la alcaldía durante una caravana en Valparaíso, en el estado de São Paulo.
Estas tendencias reflejan las pautas de violencia electoral de las que ha informado ACLED en elecciones anteriores, pero combinadas con un nivel de flujos de dinero ilícito más alto que nunca.
Análisis de InSight Crime
La mayor atención de la policía a los fondos ilícitos podría explicar en parte la cantidad récord de dinero incautado en 2024. La Policía Federal intensificó su lucha contra los delitos electorales financieros este año, llevando a cabo más de 60 operaciones centradas en la participación del crimen organizado antes de la primera vuelta de las elecciones. Esto representa un aumento de más del 200% en comparación con las últimas elecciones municipales de 2020.
Los estados de São Paulo y Río de Janeiro fueron los más afectados por la violencia relacionada con las elecciones en los meses previos a las elecciones, según los datos de ACLED. Esos estados son sede del PCC y del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), respectivamente.
Los grupos criminales recurren a la violencia para atacar a funcionarios locales e influir en las elecciones en los dos estados que albergan los grupos criminales más influyentes de Brasil. Como consecuencia, los actores políticos temen que grupos criminales utilicen la coerción y las restricciones a la movilidad en determinadas comunidades para manipular quién puede votar, según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los grupos criminales pueden estar más orientados a los esfuerzos financieros en regiones como el norte, donde su infiltración en las elecciones suele estar vinculada a la tala y la minería ilegales, por ejemplo. La menor cantidad de incidentes violentos registrados en estados distintos a Río de Janeiro y São Paulo sugiere que la situación varía en todo el país.
Fuente Insightcrime
