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Por Silvia E. Marcotullio
“Jueces federales”: con la autoridad moral de haber ejercido la magistratura con honor, me dirijo a ustedes para señalar que el peso del sostenimiento de nuestra república descansa sobre vuestros hombros a causa de la jurisdicción y la competencia que ostentan. Pero hete aquí que un buen número de ustedes no resiste un escrutinio sobre el modo que administran su excelsa función y terminan produciendo –por aquello de que el cuchillo no corta al que lo maneja– el más perverso de los daños: el que se hace simulando administrar justicia.
Sin calificar la conducta de muchos de ustedes dejando esa tarea a la opinión pública y al Código Penal, a los hechos me remito: en el fuero penal, que es la vidriera de los tribunales, vuestra conducta está a la vista de cualquiera. Aquí me limitaré a hacer un paralelo de algunos que considero suficientemente representativos de la situación. Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de “los 70″, con la manera que lo vienen haciendo con la corrupción rampante desde hace muchos años, agravada durante el desenfreno kirchnerista.
Veamos: 1) El principio de legalidad: mientras para el llamado terrorismo de Estado la Corte Suprema (con la excepción del vocal Fayt) imaginó una ingeniería jurídica que fundó en la violación del principio de legalidad y arrasó con una decena de principios penales y procesales más, los inferiores no trepidaron en seguir el mismo camino que permitió abrir, desarrollar y sentenciar las causas penales entre 35 y 45 años después de los sucesos. Y prometen seguir haciéndolo hasta el año 2050. En tanto que, para la corrupción de los tres Poderes, que se viene denunciando hace tiempo con abundantes hechos, el tratamiento es bien diferente y se mueve con una morosidad sorprendente a pesar de tener entre media y una docena de tipos penales del Código Penal que los están esperando. Estamos hablando de centenares de causas de lento trámite cuando no directamente paradas, altísimos funcionarios implicados y cantidad de jueces comprometidos en esa inacción judicial que no tiene excusas.
2) La no acumulación de causas: Mientras para los presos políticos (así denominados por ser ilegales sus procesos), la no acumulación de causas lleva en algunos casos a una ridícula suma de condenas a prisión perpetua, para los corruptos la dispersión en decenas de sumarios en distintos juzgados viene teniendo un doble efecto beneficioso para ellos: facilita la parálisis de los sumarios y los sobreseimientos y los escarceos procedimentales generalmente quedan para las figuras de segundo o tercer nivel.
3) La prisión preventiva: para los presos políticos (los PP) no hay límite legal que valga. La privación de la libertad es sistemática ab initio, aunque solo sería legal hacerlo cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la producción de prueba; pero además contra la expresa disposición de la ley –límite de 3 años– la prisión preventiva puede llegar a cantidades que causan estupor: de 8, 10 o 16 años.
En tanto que el criterio con relación a los funcionarios corruptos es inverso: la no acumulación de las causas como corresponde –lo que cada juez parece ignorar– le facilita a cada uno hacerse cargo solo de la suya, donde “no advierte” que el individuo pueda burlar la acción de la Justicia y así, imputados con numerosos sumarios abiertos desperdigados, son beneficiarios de la permanencia en libertad mientras dura el juicio en casi todos los casos.
Conclusión: El tema de los PP hoy es una tragedia que lleva 867 muertos en cautiverio a los que se les ha adelantado dolosamente el final por las condiciones ignominiosas de detención de gerontes de hasta 100 años de edad, con juicios viciados en su origen por la ilegalidad y sentencias condenatorias sin otras pruebas que testimoniales producidas hasta cincuenta años después de los sucesos. Los otros dos poderes del Estado deberán resolver el asunto sin demora –otra pesada herencia del kirchnerismo y que ellos conocen bien– so pena de quedar enredados en algún grado de complicidad de la cual no puede librarlos aquel “dejaremos actuar a la Justicia”, sencillamente porque los que la administran son parte del problema. En cuanto a los juicios por corrupción, la gran mayoría termina prescripto. Si hay alguna sentencia firme, sirve para confirmar que la regla es aquella. Este es el cuadro de situación que se percibe de la Justicia federal penal.
