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Por Nicolás J. Portino González
En una nueva muestra de irresponsabilidad y ceguera ideológica, el gobierno de España, liderado por el PSOE y secundado por sus socios autonómicos, ha demolido en solo dos años un total de 256 presas. Esta destrucción masiva, que algunos disfrazan de “progreso ecológico”, responde a la agenda pseudo progresista del 2030, un plan que cada día se confirma más como una amenaza directa contra el bienestar de los ciudadanos.
Los defensores de esta ideología “woke” han defendido la demolición de presas bajo el argumento de “devolver los ríos a su curso natural”. Sin embargo, ¿a qué costo? Las recientes tragedias en Valencia y Barcelona, donde las lluvias torrenciales han causado inundaciones devastadoras, muestran las consecuencias de estas decisiones irresponsables. Las presas, además de ser una fuente de energía y agua controlada, funcionan como barreras naturales que regulan el flujo de los ríos y previenen inundaciones. Con su eliminación, los desastres naturales se amplifican, afectando directamente a miles de familias, destruyendo hogares y cobrando vidas.
El PSOE, en su afán de seguir una agenda que prioriza los intereses de una élite globalista sobre la seguridad de los ciudadanos, ha ignorado por completo los riesgos asociados a esta política de destrucción de infraestructura clave. Lejos de proteger a las comunidades, el gobierno ha decidido adherirse a una filosofía que busca imponer cambios radicales sin evaluar las verdaderas consecuencias a nivel local.
Resulta imposible no indignarse al ver cómo estos políticos, que supuestamente deberían velar por el bienestar de la población, se han convertido en cómplices de esta agenda destructiva. No solo desmantelan infraestructuras vitales para la seguridad y el suministro de agua, sino que, además, lo celebran como un logro. RTVE, en su papel de vocero oficial del gobierno, ha llegado a aplaudir estas demoliciones, alabando a España como “referente” en la eliminación de presas. Es un acto criminal que merece ser denunciado.
Es momento de exigir responsabilidad y respuestas claras. ¿Quién se hace cargo de las vidas y los hogares destrozados en cada inundación? ¿Qué interés subyace detrás de estas políticas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos? La supuesta “Agenda 2030” ha dejado de ser una promesa de progreso sostenible y se ha convertido en una amenaza real y tangible para España y para el mundo.
