Argentina
USA
Paraguay
España
Israel
Por Darío Rosatti
Una resolución de 2018 autorizaba a miembros de PSA y efectivos de la Fuerza Aérea a dar servicio de rampa. ¿Por qué no se uso?. Las acciones terroristas en el mundo, ameritan ser tomadas en cuenta y dar prioridad a la seguridad en aeropuertos.
Una sorpresiva asamblea gremial organizada por el sindicato de trabajadores de Intercargo ha desencadenado serias complicaciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, afectando a más de mil pasajeros. La medida de fuerza, que surge en respuesta al despido de un empleado en el Aeroparque Jorge Newbery, ha generado demoras y cancelaciones en vuelos de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y LATAM, provocando una situación caótica que ha dejado a muchos viajeros atrapados en un limbo de incertidumbre.
Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), utilizaron como excusa un despido que dicen fue “arbitrario y sin causa”, exigiendo la reincorporación inmediata del trabajador. En un comunicado, el sindicato acusó a la presidencia de Intercargo de interrumpir las negociaciones paritarias de manera intencionada, lo que llevó a la asamblea y a la consiguiente paralización de las operaciones. Esta acción ha tenido un impacto devastador en los pasajeros.
La situación se tornó crítica cuando los trabajadores de Intercargo impidieron el descenso de pasajeros en varios vuelos, manteniéndolos secuestrados.
Un vuelo de LATAM, que aterrizó procedente de San Pablo, dejó a 149 pasajeros a bordo sin poder desembarcar durante más de dos horas. En otra instancia, Flybondi reportó la cancelación de ocho vuelos, afectando a más de 1,300 pasajeros, muchos de los cuales quedaron retenidos en aviones sin poder acceder a sus pertenencias. Este nivel de interrupción ha llevado a que numerosos viajeros se sientan como “rehenes” de una disputa que no les concierne directamente. En realidad estos pasajeros fueron secuestrados por el gremio, Asociación del Personal Aeronáutico (APA), cuyo titular, Edgardo Llano y demás directivos deberían responder ante la justicia.
Los testimonios de los pasajeros reflejan la frustración y el malestar. “Somos rehenes de un grupo de inadaptados”, afirmó un viajero, mientras otros denunciaron la falta de información y la incertidumbre que generó la situación. Entre los afectados, había mujeres con bebés, personas mayores y viajeros en sillas de ruedas, todos atrapados en un caos que se intensificó por la falta de comunicación de las aerolíneas. Una pasajera en silla de ruedas, que estuvo dos horas en un avión sin poder desembarcar, expresó su indignación: “Estamos como animales, todos amontonados”.
La medida de fuerza ha sido criticada no solo por los pasajeros, sino también por las aerolíneas afectadas. Flybondi, en particular, expresó su indignación, señalando que es inadmisible que se utilice una protesta para privar de libertad a cientos de personas. La aerolínea denunció que más de 400 personas, entre pasajeros y tripulantes, estuvieron retenidas en aviones sin posibilidad de descender durante más de dos horas. Esto es un delito federal y debería ser tratado así. En respuesta a la crisis, algunas aerolíneas han comenzado a reprogramar vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuentan con su propio servicio de handling, con el fin de minimizar el impacto operativo.
El conflicto no solo es un reflejo de la tensión laboral en el sector, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para gestionar situaciones de crisis en los aeropuertos. La falta de un plan de contingencia efectivo ha dejado a cientos de pasajeros a merced de una disputa gremial que, aunque legítima en su origen, ha llevado a un escenario de caos y desorganización. Los pasajeros se encontraron con un vacío informativo, lo que aumentó su frustración y descontento, especialmente en un momento en que se esperaría una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades aeroportuarias. Esta situación parece responder a que cientos de empleados y jerárquicos fueron nombrados durante el kirchnerismo y buscan deteriorar el trabajo e imagen de la gestión del gobierno de Milei. Dentro del gobierno, incluso en áreas estratégicas como Jefatura de Gabinete, Defensa, Seguridad e inteligencia hay kirchneristas como directores e incluso secretarios y sub secretarios de estado.
Resolución 929/2018
En un contexto donde el Gobierno busca mitigar el impacto de estos conflictos, la necesidad de establecer mecanismos que prevengan la interrupción de servicios esenciales se vuelve urgente. La resolución 929/2018, que permite a miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) brindar servicios de rampa, fue de mucha utilidad, sin embargo, a nadie se le ocurrió utilizar esta herramienta. En aquel momento se la explicó como una medida de seguridad nacional. Se trata de aeropuertos.
Esta medida, que se impulso en el pasado durante eventos de gran magnitud como el G20, es una posible solución ante la creciente conflictividad gremial.
Es clara la percepción de que los pasajeros han sido secuestrados por una medida de fuerza salvaje y criminal que afecta la libertad de movimiento y plantea serias preocupaciones sobre el equilibrio entre los derechos laborales y la necesidad de garantizar un servicio público esencial. En tiempos del reinado del terrorismo fundamentalista, la seguridad en aeropuertos debe ser prioritaria.
La situación actual en Aeroparque y Ezeiza es un claro recordatorio de la complejidad de las relaciones laborales en el sector aéreo y la urgencia de soluciones inteligentes que prioricen tanto los derechos de los trabajadores como la dignidad de los pasajeros.
