Estas serían las comunidades autónomas más (y menos) afectadas por el fin de Muface en España

Sanidad plantea suprimir Muface e integrar a los usuarios en la sanidad pública en 9 mesesTensión a tres bandas por Muface: grietas entre Función Pública, Sanidad y aseguradoras

El Ministerio de Sanidad ha abierto un intenso debate con su reciente propuesta de eliminar el sistema de Muface y absorber a sus 1,5 millones de beneficiarios en la sanidad pública en un plazo de nueve meses. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que permite a los funcionarios optar por atención sanitaria privada a través de aseguradoras como Asisa, Adeslas o DKV, es considerada por el Gobierno como un modelo insostenible en el contexto actual.

Según el informe elaborado por el Ministerio, el 67,3% de los mutualistas opta por las aseguradoras privadas, lo que supondría un gran desafío para los sistemas sanitarios autonómicos en caso de tener que acoger a este volumen de usuarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el Senado, a 12 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en el Senado con 19 preguntas y tres interpelaciones que formulan el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Plural y Grupo Parlamentario Popular, donde la gestión de la DANA tomará todo el protagonismo de las cuestiones al Gobierno.12 NOVIEMBRE 2024;SENADO;SENADORES;DANA;SESIÓN DE CONTROL;MINISTROS;GOBIERNO;PREGUNTAS;CUESTIONES; Jesús Hellín / Europa Press12/11/2024

Sin embargo, lo cierto es que el impacto de esta medida no sería uniforme en todo el país. Mientras que comunidades como el País Vasco podrían asimilar el cambio sin mayores dificultades, otras regiones, particularmente en la denominada España Vacía, se enfrentan a retos significativos. Castilla y León, Extremadura y Andalucía encabezan la lista de territorios que tendrían que acoger a un mayor porcentaje de mutualistas en sus servicios públicos de salud, lo que podría tensionar al límite sus ya saturados sistemas.

En Castilla y León, por ejemplo, un 4,6% de la población tendría que integrarse al sistema público de salud, cifra que la sitúa como la comunidad más afectada. Este porcentaje, además, está compuesto mayoritariamente por personas mayores de 65 años, un grupo que demanda más recursos sanitarios y atenciones especializadas. Extremadura y Andalucía siguen de cerca con un 3,02% y un 2,94% de su población en esta misma situación, lo que representa un reto considerable en regiones que ya enfrentan largos tiempos de espera para consultas médicas.

Tensión a tres bandas por Muface: grietas entre Función Pública, Sanidad y aseguradoras

Óscar Giménez

La situación también es preocupante en Ceuta y Melilla, donde los mutualistas representan el 5,27% y el 5,13% de la población, respectivamente. Estas cifras reflejan una proporción significativamente alta en comparación con otras regiones, lo que añade presión sobre unos sistemas sanitarios limitados por su tamaño y recursos.

En términos absolutos, Andalucía es una de las regiones más expuestas al cambio. Con tiempos de espera que superan los 100 días en consultas, según datos del Ministerio de Sanidad, el ingreso de miles de nuevos usuarios podría agravar aún más la situación. Este ámbito, más que el de las cirugías, se presenta como el mayor desafío para una comunidad que ya tiene uno de los sistemas más saturados del país.

Sanidad plantea suprimir Muface e integrar a los usuarios en la sanidad pública en 9 meses

A. M. P.

Castilla y León, aunque se encuentra por debajo de la media nacional en tiempos de espera (90 días), también podría experimentar tensiones significativas, especialmente en sus provincias más rurales, donde el déficit de médicos ya es un problema estructural.

Comunidades con mejores perspectivas

En el otro extremo, regiones como País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña presentan un panorama más favorable. Con menos del 1,2% de su población vinculada a Muface, estas comunidades se encuentran en una posición ventajosa para gestionar la transición. En particular, el País Vasco destaca por contar con un sistema sanitario bien organizado y con menores tiempos de espera, lo que le permitiría asimilar el cambio sin grandes inconvenientes.

Galicia y Castilla-La Mancha también podrían enfrentar la situación de manera más holgada. Aunque verían un incremento notable en sus usuarios, sus sistemas de salud están menos saturados que el promedio nacional, lo que facilita la integración de los mutualistas en el sistema público.

Territorios como Asturias, Murcia y Aragón se encuentran en una situación intermedia. Aunque no están en el grupo de mayor riesgo, el incremento de usuarios podría ponerles en serias dificultades. Estas comunidades ya muestran signos de saturación en ciertos servicios, y la llegada masiva de mutualistas podría desbordar su capacidad operativa.

Fuente El Confidencial