Por Emili J. Blasco
El Congreso peruano se vio obligado a cambiar la ley para que las instalaciones sean gestionadas con exclusividad por los chinos.
Perú ve en el megapuerto de Chancay, inaugurado por Xi Jinping a distancia durante su reciente visita a Lima, una gran oportunidad de desarrollo económico. Pero también puede ser motivo de fricción entre las autoridades peruanas y las chinas, pues Pekín tendrá una creciente palanca de poder sobre el Gobierno nacional a medida que Chancay consolide su importancia en el comercio marítimo. La modificación a toda prisa, por amenazas chinas, de la ley que prohibía que un puerto público tuviera uso exclusivo, regulado únicamente por su operador –en este caso la naviera china Cosco– y para los clientes que desee, no es el mejor de los presagios.
Chancay, a 80 kilómetros al norte de la capital, se convierte en firme competidor del puerto del Callao, junto a Lima. Esa competencia en principio es saludable, dado que el Callao está especialmente congestionado y la conurbación en la que se encuentra no permite el desarrollo de polígonos logísticos e industriales que puede generar Chancay. Las directas conexiones de Cosco con Shanghái, además, facilitan convertir Chancay en un ‘hub’ de las rutas desde el Pacífico americano hacia China, atrayendo al puerto peruano contenedores de países vecinos como Chile, Ecuador y Colombia para ser transportados luego a Asia en buques mayores.
Inicialmente con cuatro muelles, Chancay proyecta tener quince y poder acoger a barcos de hasta 24.000 contenedores, gracias a sus aguas profundas, amplias plataformas y extensa dotación de grúas para estiba y desestiba. Se estima que la frecuencia de los fletes y la agilidad de la manipulación de carga puede reducir en una cuarta parte el tiempo que hoy normalmente un contenedor tarda en llegar a China.
Todo esto son ciertamente avances, pero la operación de Chancay lleva añadido un riesgo que es superior al que puede significar cualquier gran inversión realizada por agentes privados. Una multinacional siempre puede presionar a favor de sus intereses, pero en el caso de Cosco, de propiedad estatal, es la propia China, con todo su potencial de influencia y capacidad de coerción, la que capitanea el proyecto. No es solo que Chancay podrá alojar unidades de la Armada china si Pekín lo estima necesario –asunto en el que, en sus críticas, el Pentágono estadounidense pone especial acento (llega a hablar de un puerto de «doble uso»)–, sino que incluso, sin llegar a ese supuesto, una superpotencia como la china puede fácilmente extorsionar al Gobierno anfitrión.
Pekín ha demostrado que está pronto al castigo comercial a países que cuestionan sus medidas, y si eso lo han sufrido grandes actores como Japón o Australia, qué no puede ocurrir con Perú. La importante actividad minera de China en el país, el control del 100% de la distribución de electricidad en el área metropolitana de Lima en manos chinas o la posible inversión de una importante planta de BYD para automóviles eléctricos, deja a Perú especialmente dependiente de la voluntad de Pekín. A diferencia de la mayor parte de inversiones con otros orígenes, el capitalismo de estado chino gestiona todo ese portfolio siguiendo los intereses de Partido Comunista.
Puede sonar alarmista, pero además de que hay emblemáticas víctimas de la llamada «trampa de la deuda» (o de las inversiones) chinas, en el caso de Chancay ya se ha dado un primer episodio de presión política. Este mismo año, la Autoridad Portuaria Nacional peruana advirtió que el acuerdo que se había firmado con los chinos vulneraba la legislación, pues garantizaba absoluta exclusividad a Cosco en el uso de las nuevas instalaciones. La compañía amenazó con represalias en caso de incumplimiento de contrato y el débil Gobierno de Dina Boluarte, que quería despejar todos los obstáculos para que la primera fase del puerto pudiera estar terminada cuando en noviembre Xi Jinping visitara Lima por la cumbre de la APEC, procedió a una rápida modificación de la ley en el Congreso. Boluarte y las fuerzas políticas que le sostienen necesitaban que esa cumbre de Asia-Pacífico fuera un éxito.
La relación de Perú con China es de larga tradición. Una temprana inmigración en la segunda mitad del siglo XIX convierte a los descendientes chinos en cerca del 10% de la población (por encima de la quizá más conocida minoría de origen japonés). Ambos países firmaron en 2009 un acuerdo de libre comercio y en 2019 Perú se sumó a la iniciativa de la Ruta de la Seda china. Con todo, la inestabilidad política peruana y la debilidad de su Ejecutivo hace al país especialmente dependiente de las perspectivas de desarrollo de Chancay, cuya inversión total se estima en unos 3.600 millones de euros.
Fuente ABC
