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El ex jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
El juez Ercolini rechazo el pedido in limine, y Fernández deberá presentarse este miércoles.
A sólo unos días de que el juez federal Julián Ercolini inicie la ronda de indagatorias previstas para esta semana en la causa Seguros, el ex presidente Alberto Fernández pidió la anulación de su indagatoria, prevista para este miércoles a las 10. Unas pocas horas después, Ercolini rechazó ese pedido in limine, es decir sin siquiera considerarlo. El ex mandatario está imputado por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers.
La abogada defensora Mariana Barbitta presentó un escrito planteando la nulidad del acto de indagatoria y pidiendo su suspensión.
El documento, al que accedió Clarín, sostiene que el llamado a indagatoria “le genera a mi asistido un claro perjuicio (especialmente actual) ya que pretende sometérselo a un proceso penal en base a una imputación direccionadamente forzada, genérica, poco clara y violatoria de las disposiciones legales y constitucionales que deben regir en todo proceso penal”.
Asimismo, la defensora argumentó que Fernández “ha sido insistente en presentar un escrito manifestando sus apreciaciones de la causa, desde mucho antes de ser convocado. Tomando ello como punto de partida, no caben dudas sobre su sujeción a derecho y su interés en el avance de la investigación, siendo el principal interesado en que se esclarezcan los hechos investigados”.
Luego, agrega la abogada Barbitta, “tal tarea investigativa no puede realizarse atropellando los derechos fundamentales que le asisten como imputado y que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con idéntica jerarquía establecen para asegurar el debido proceso legal”.
El juez Ercolini rechazo la pretensión apenas unas despúes de que llegó a su despacho, y el expresidente será indagado el miércoles como estaba previsto.
De qué acusan a Alberto Fernández
El ex jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa -quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la ex secretaria presidencial María Cantero. El matrimonio fue citado en función de las nuevas fechas, para el 28 de noviembre.
Tribunales federales de Comodoro Py: María Cantero, secretaria el ex presidente Alberto Fernández. Foto Emmanuel Fernández
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos, son parte de las piezas que componen lo que la Justicia denominó una “estructura criminal”. Cada eslabón compone las acusaciones por las que el ex presidente de la Nación deberá rendir cuentas.
La decisión del ex Jefe de Estado al firmar el Decreto 823/2021 fue el puntapié inicial de este expediente, tras la revelación de Clarín. A criterio de los investigadores, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández en el marco de la indagatoria.
El juez Ercolini responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas co aseguradoras por parte de ésta”.
Para el juzgado, la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
La investigación encontró que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y masters e, incluso, de co aseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros”.
Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y masters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
En función de la estructura criminal investigada, los ex integrantes de Nación Seguros SA, también deberán brindar explicaciones ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Gustavo García Argibay debe presentarse el viernes 29 de noviembre al igual que Alberto Pagliano, una hora después.
Los otros imputados citados
Otros imputados que integraban la nómina de Nación Seguros SA y de ANSES que habilitaron la maniobra bajo estudio, deberán presentarse desde el lunes 2 de diciembre en Comodoro Py.
En tanto los empresarios comenzarán a declarar el 4 de diciembre como Pablo Torres García, titular de TG Broker. Esa misma mañana los dueños de Castello Mercuri, Oscar Castello y Ernesto Mercuri, deberán presentarse ante el juez y el fiscal del caso el 4 de diciembre a las 11 y 12 respectivamente.
El juez Ercolini precisó que los intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.
Para la justicia federal, hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.
Sobre el broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió: “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
Fuente Clarin
