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Por Bernardo Vázquez
Reubicaron en los últimos días a directores que se encargaban de fiscalizar el área de cigarrillos.
El jefe de la DGI, Andrés Vázquez, subió a dos laderos suyos a cargos estratégicos.
Mientras esperan que falle la Justicia, intentan cobrarle una deuda millonaria a Tabacalera Sarandí.
Desde que hace un mes la AFIP fue rebautizada como ARCA, los movimientos internos resultaroon una constante. Basta con revisar el Boletín Oficial entre octubre y noviembre para advertir los cambios, que en muchos casos fueron en áreas estratégicas. En las últimas semanas hubo al menos cuatro desplazamientos en cargos de peso y dos funcionarios que subieron de rango y trabajarán cerca del jefe de la DGI, Andrés Vázquez.
El movimiento de pinzas se dio dentro de la división de Grandes Contribuyentes Nacionales: si bien ya trabajaban dentro de la estructura de la exAFIP, Claudio Castagnola y Marcelo Lafont fueron designados como director y subdirector de operaciones impositivas y tendrán entre otras tareas internas controlar a Tabacalera Sarandí, que según fuentes del ente tributario adeuda $ 195.824 millones entre 2018 y 2023, US$ 1.296 millones de acuerdo al tipo de cambio oficial de cada año.
Sarandí es una de las principales jugadoras del mercado, creciendo en la última década desde una participación del 5% a casi el 40% a raíz del incumpliemiento del pago del impuesto mínimo interno al sector y de un fallo de la Corte Suprema de mediados de año. Las otras tabacaleras fuertes son Massalin Particulares, subsidiaria de Philip Morris, con un 50%, y BAT, con el restante 10%.
El titular de Sarandí es Pablo Marcelo Otero, a quien el presidente Javier Milei mencionó este año como “El Señor del Tabaco”, un excéntrico empresario de zona sur que salió en los últimos días a defenderse de las acusaciones y apuntó contra los medios de comunicación, contra sus competidoras y contra la propia ARCA por iniciarle, según sus palabras, una campaña de “desprestigio”.
Cuatro desplazados en un área estrategica
En ese contexto, con Otero apareciendo en los medios por primera vez en varios meses, la decisión de Vázquez de ubicar a Castagnola y Lafont parece apuntar a un intento de la DGI de salir a la caza de un empresario que, cautelares mediante, siempre se las ingenió para evitar pagar ese mínimo y que subdeclara los precios de los cigarrillos que comercializa en relación a lo que informa ante la AFIP.
Esas designaciones se comunicaron por Boletín Oficial y se dieron en paralelo a los desplazamientos de Adrián Facchin, Pablo Anghres Meléndez, Leonardo Arizmendi y Gustavo Pandazi, que trabajaban en áreas de peso dentro del organigrama de AFIP y fueron bajados de rango. Pandazi, por caso, era desde hace 20 años supervisor dentro de la división de fiscalización externa en grandes contribuyentes y desde allí fiscalizaba tanto a Massalin Particulares como a Tabacalera Sarandí.
El nombramiento de Vázquez se dio hace poco más de un mes en medio de controversias por su pasado como funcionario de la AFIP en el kirchnerismo, con un polémico allanamiento a Clarín de por medio y por su cercanía al consultor Santiago Caputo, que lo ubicó al frente de la influyente DGI. También se nombró en la Aduana a José Velis y se mantuvo como titular de la AFIP a Florencia Misrahi, que responde internamente a Luis Caputo, el ministro de Economía.
Uno de los cambios que se publicó en el Boletín Oficial.
En este comienzo de gestión, el contador de 64 años e hincha de Huracán, según aseguran fuentes del sector, apuntala una investigación sobre la actuación de sus predecesores en lo que tiene que ver con el incumplimiento impositivo de grandes compañías en todo el país. Vázquez entró en la AFIP en 1988, pero su nombramiento se demoró hasta 1990, cuando fue ratifcado.
Si bien Sarandí formalmente no figura en ese lote, por los niveles de subfacturación que maneja, desde el ente tributario aseguran que se está llevando a cabo una investigación para determinar cuál es la deuda que tiene. Vázquez tuvo que supervisar en otra etapa a Otero, cuando estaba al frente de la Regional Sur Metropolitana y fue apuntado por, presuntamente, haberlo favorecido.
Cómo se compone la deuda de Sarandí y cuánto blanqueó Otero
El año pasado, la consultora privada Abeceb estimó en US$ 5.823 millones la deuda que había acumulado Tabacalera Sarandí de 2018 a 2023 por no pagar el impuesto interno mínimo al sector. No son tan elevados os cálculos que hacen dentro de la AFIP a partir de datos analizados por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales, aunque el número impacta de todos modos
Según datos a los que accedió Clarín, para ARCA Sarandí debe por lo menos $ 195.824 millones entre agosto de 2018 y noviembre de 2023. Esos montos, trasladados al dólar promedio de cada período, representan la friolera de US$ 1.296 millones.
El desagregado, en pesos, revela que evadió $ 3.948 millones de agosto de 2018 a septiembre de 2019; $ 1.531 millones de octubre a diciembre de 2019; $ 9.501 millones de enero a diciembre de 2020; $ 15.003 millones de enero a septiembre de 2021; $ 18.958 millones de octubre de 2021 a abril de 2022; $ 63.496 millones de mayo de 2022 a marzo de 2023; y $ 83.387 millones de abril a noviembre de 2023, aunque esa última cifra todavía está pendiente de fiscalización interna.
En dólares, según relevó este diario a partir de datos del BCRA de cada período, las cifras son las siguientes: US$ 124,7 millones a un dólar promedio de $ 44,74 entre 2018 y 2019; $ 135,26 millones a un dólar promedio de $ 70,24 en 2020; US$ 161,61 millones a un dólar promedio de $ 92,83 en los primeros nueve meses de 2021; US$ 180,94 millones a un dólar promedio de $ 104,77 entre octubre de 2021 y abril de 2022; US$ 408,83 millones a un dólar promedio de $ 155,31 entre mayo de 2022 y marzo de 2023; y US$ 284,66 millones a un dólar promedio de $ 292,93 de abril a noviembre dde 2023.
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Pablo Otero, el Señor del Tabaco.
Por la deuda que mantiene con ARCA, Sarandí ya tuvo un fallo adverso en la Corte Suprema, que revocó la ejecución anticipada de la sentencia previa en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pero todavía no resolvió la constitucionalidad del impuesto mínimo que no pagó la compañía. No obstante, en paralelo, sigue subdeclarando los precios de los cigarillos que comercializa.
De acuerdo a información del sector a la que accedió Clarín, la marca más conocida de Sarandí, el Red Point, figura a $ 800 como precio declarado de venta en AFIP pero se vende en la calle a $ 1.900, al igual que otras que comercializa Sarandí o tabacaleras nacionales de menor peso pero que también subdeclaran. Se calcula que esa maniobra le permite no tributar unos US$ 450 millones por año.
En pos de ello, Otero ingresó en el blanqueo que lanzó el Gobierno US$ 60 millones en billete. El tiempo dirá si le servirán para saldar por lo menos una parte de la enorme deuda que tiene con el fisco.
Fuente Clarin
