La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó su rechazo al Sistema de Evaluación Pública (SEP), una medida impulsada por el Gobierno como requisito para renovar los contratos de miles de trabajadores estatales. Desde el gremio calificaron al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y advirtieron sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza si las evaluaciones terminan siendo un mecanismo encubierto para despedir empleados.
El comunicado emitido por la organización sindical, que representa a un importante número de empleados públicos, sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia. También subrayaron que el SEP no toma en cuenta las especificidades de las funciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad de trabajadores esenciales y profesionales con décadas de experiencia.
Ante la consulta de si el gremio llegaría a parar por esta cuestión, Andrés Rodríguez, en una entrevista con El Cronista, respondió afirmativamente. UPCN no se opondrá el examen en sí, pero si al eventual despido que se derivaría si el trabajador no lo aprueba. “Esto del examen es una decisión unilateral del Ejecutivo y nosotros vamos a acompañar, aunque nos parece fuera de lógica que se tomen exámenes a gente que tiene 7, 8, 9 o 10 años de experiencia en la administración pública. Si lo quieren tomar, que lo tomen. Pero nosotros vamos a defender la estabilidad del trabajo”.
El gremio denunció que estas evaluaciones podrían utilizarse como una “variable de ajuste” y exigió garantías de que no se convertirán en un instrumento de precarización laboral. “No vamos a permitir que este examen sea utilizado como un mecanismo para vulnerar derechos adquiridos”, agregó Rodríguez.
¿Cómo afecta el SEP a los trabajadores públicos?
El SEP afecta a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporarios, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo. Las pruebas incluirán conocimientos en áreas como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y legislación administrativa.
Los trabajadores denunciaron que algunas de las temáticas evaluadas no tienen relación con sus funciones diarias, como el caso de profesionales de la salud que, durante la pandemia, desempeñaron un rol decisivo y ahora deben responder sobre la Ley de Administración Financiera.
ATE también rechazó las evaluaciones
UPCN no fue el único gremio en oponerse. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue también tajante en su oposición. Desde ATE señalaron que el SEP “estigmatiza y precariza aún más” a los empleados públicos. Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, afirmó: “Estas evaluaciones son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal”.
Por su parte, ATE anunció un paro nacional para el 5 de diciembre en rechazo a las evaluaciones y otras políticas que consideran lesivas para los trabajadores estatales, como los recientes despidos en el Ministerio de Justicia.
¿Qué respuesta dio el Gobierno?
El Gobierno defendió el sistema como una medida para “fortalecer el empleo público mediante una Evaluación General de Conocimientos y Competencias”. Según la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, los exámenes buscarán garantizar la idoneidad de los empleados públicos y tendrán carácter digital, anónimo y presencial.
No obstante, las críticas persisten debido a la falta de información precisa sobre los contenidos y la logística de las pruebas, especialmente en provincias fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
¿Qué pasará si no se cumple con el SEP?
Quienes no aprueben el examen tras tres intentos perderán su contrato laboral. Aunque el sistema contempla algunas excepciones, como trabajadores con Certificado Único de Discapacidad, la mayoría de los empleados temporarios deberán presentarse en diciembre para la primera tanda de evaluaciones.
Desde los gremios, UPCN y ATE han advertido que estarán atentos al desarrollo de estas pruebas y no descartaron realizar nuevas medidas de fuerza si perciben que el sistema se utiliza como herramienta para ajustes y despidos.
Fuente El Cronista
