Los motorman de las formaciones ferroviarias trabajan “a reglamento” y no circulan a más de 30 kilómetros por hora. Hay demoras y cancelaciones en todas las líneas.
Los trenes siguen en pie de protesta desde este lunes, llevando a cabo un “trabajo a reglamento” que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora. Esta medida, implementada por el sindicato La Fraternidad, busca exigir “mayores medidas de seguridad”, lo que ha resultado en demoras y cancelaciones en los servicios de trenes urbanos.
Desde el Gobierno nacional han calificado estas acciones como “extorsivas” y las han relacionado con la intención del gremio de negociar un aumento salarial que supere el acordado con otros sindicatos del sector.
Los conductores de trenes, al mantener esta velocidad reducida, han generado inicialmente retrasos en las salidas, que luego se transformaron en cancelaciones debido a la superposición de horarios, especialmente en horas pico al regresar a casa.
El sindicato de La Fraternidad distribuyó folletos en diversas estaciones, donde reclamaban “mejores condiciones de seguridad” y advertían sobre la “emergencia ferroviaria”, describiendo la situación actual como una de las crisis más graves en la historia del ferrocarril.
En el folleto se urgía la necesidad de repuestos, reparaciones y obras en las vías para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros, así como la actualización del sistema de comunicación y señales.
Por su parte, las autoridades gubernamentales señalaron que, aunque el sindicato no optó por un paro total, la reducción de la velocidad de los trenes es una medida que afecta considerablemente a los usuarios, justificándose en la supuesta emergencia del sistema ferroviario.
El gobierno reconoció que efectivamente hay una emergencia ferroviaria, la cual fue declarada en mayo con un presupuesto complementario de 1.3 billones de pesos. Sin embargo, enfatizan que el deterioro del sistema es un problema que se arrastra desde hace años, resultado de la falta de inversión por parte de administraciones anteriores, que priorizaron recursos para fines políticos.
Además, subrayan que el propio sindicato de Omar Maturano contaba con representación en el gobierno de Alberto Fernández, donde Agustín Special, un sindicalista del gremio, ocupaba el cargo de subsecretario de transporte ferroviario, supervisando la seguridad operacional durante cuatro años.
Las autoridades reiteran que no cederán ante lo que consideran extorsiones sindicales que, en su opinión, ponen en riesgo a los pasajeros en medio de sus reclamos. En contraste, el 80% del sector ferroviario firmó un acuerdo salarial el viernes pasado, recibiendo un incremento del 3.5% entre noviembre y diciembre.
Finalmente, se recuerda que el 13 de junio de 2024, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, estableciendo un plan de acción que incluye la ejecución de 226 obras (de las cuales 45 ya están en marcha), la adquisición de 3 locomotoras y 50 unidades diésel, así como mejoras en talleres y la incorporación de nueva tecnología y capacitación.
