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Por Joaquín Morales Solá
La hipocresía les sienta bien a ciertos dirigentes políticos. Edgardo Kueider, que fue senador hasta que se conocieron sus fechorías, es solo un ejemplo del fingimiento generalizado de la dirigencia. La presencia de Javier Milei en el poder tiene muchas explicaciones, pero la más sólida es la que señala que una mayoría social detestaba la sola idea de volver al pasado. El Presidente debería cuidar esa diferencia que la gente común notó en él, y respetar el orden jerárquico del Estado. No es posible que su hermana, Karina, esté disputando con Santiago Caputo, el hombre fuerte del Gobierno, el control de la política oficial. “No sé si Javier sabe algo que comienza a decirse: que no hay muchos antecedentes en la historia de alguien que tuvo tanto poder en el gobierno como Santiago Caputo con solo un contrato de locación de servicios”, reflexiona un amigo de Milei que lo frecuenta asiduamente. La hipocresía no es un error del que haya que culparlo al Presidente. Al contrario, él se pavonea señalando que les habla a los argentinos con sinceridad, aunque esa sinceridad conlleve promesas antipáticas. Es cierto. La hipocresía es, por ahora, patrimonio del kirchnerismo y de su jefa, Cristina Kirchner. Ella fue la primera en salir a pedir la destitución del exsenador Kueider por corrupto. Kueider era un senador de la Nación y no tenía por qué andar cruzando fronteras con 200.000 dólares en una mochila, haya sido de quien haya sido esa mochila. Lo expulsaron del Senado. ¿La sesión es ilegal porque Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo y no podía presidir el Senado? Ridículo. La vicepresidenta no fue notificada formalmente del viaje al exterior del Presidente hasta después de concluida la reunión del Senado y, además, ella ni siquiera vota las decisiones del cuerpo, salvo cuando hay empate. Kueider hubiera sido expulsado del Senado con Villarruel o sin Villarruel. ¿Le es tan difícil a Milei hablar por teléfono con su vicepresidenta para avisarle que se va al exterior? La pregunta más importante es otra: ¿era Cristina la que debía hacer de fiscal de un senador que llegó a uno de los cargos más importantes del Poder Legislativo de la mano de ella? Su pasado y su futuro la desautorizan: Cristina Kirchner tropezará en los próximos días con otra decisión fulminante de la Corte Suprema. El máximo tribunal de justicia del país ordenará que se realice el juicio oral y público por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, empresas de edificios y de hoteles propiedad de la familia Kirchner. En 2021, Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia; su contador, Víctor Manzanares, y los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez, entre otros socios más de los Kirchner, fueron increíblemente sobreseídos por un tribunal oral, sin juicio previo. Lo mismo había sucedido con el caso del expediente sobre el memorándum con Irán, denuncia iniciada por el fiscal asesinado Alberto Nisman. Vale la pena detenerse en un juez que decidió en ambos casos: es Daniel Obligado, el mismo magistrado que le otorgó prisión domiciliaria a Amado Boudou (estaba en la cárcel por el caso Ciccone) argumentando que el exvicepresidente debía hacerse cargo de su pareja y de sus hijos cuando arreciaba la pandemia del Covid. El principio de igualdad ante la ley debió entonces dejar libres a todos los presos del país. Después de caer en ese desvarío, Obligado protagonizó el hecho inusual en la Justicia de sobreseer a acusados de delitos penales, Cristina entre ellos, sin que antes hayan pasado por un juicio oral. El lawfare denunciado por la expresidenta existe, pero a favor de ella, no en su contra. Hay poquísimos casos en la historia judicial de sobreseimientos sin juicio previo, pero en esos casos excepcionales existieron hechos nuevos y determinantes que cambiaron la dirección del juicio. Nada nuevo pasó con Cristina.
Hay prácticas de la política que forman parte de un período histórico que ya pasó, definitivamente herido
El caso Hotesur y Los Sauces fue denunciado ante la Justicia por la diputada Margarita Stolbizer, aunque ambos delitos habían sido ventilados antes por el periodismo. Paréntesis: no es una mala función ser esbirros de la verdad (para usar una palabra insultante a la que tanto recurre el Presidente). Por eso, merece leerse y releerse el discurso que el periodista José Claudio Escribano pronunció en un acto en ADEPA, sobre todo cuando le pidió a Milei que señale “quién es quién en el periodismo” antes de seguir esparciendo acusaciones al voleo. “Así no, señor Presidente”, aconsejó Escribano con precisa síntesis. Regresemos al caso judicial que estallará en los próximos días. Hotesur y Los Sauces es la causa judicial más delicada que tienen Cristina Kirchner y su familia, aunque la Cámara de Casación desvinculó del supuesto delito a su hija Florencia. Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron el sobreseimiento de los jueces del tribunal oral, Obligado y Adrián Grunberg, pero señalaron también que Florencia Kirchner había sido ajena a cualquier sospecha de delito. En el tiempo en que se cometió ese fraude, la hija del matrimonio Kirchner tenía menos de 20 años. Hotesur y Los Sauces es el más grave caso judicial que acosa a Cristina Kirchner porque se trata del lavado de dinero en hoteles y edificios de la entonces familia presidencial con solo tres empresarios: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Para muchos funcionarios judiciales, en esos hoteles y edificios se cerraba el círculo que comenzaba con la corrupción en la obra pública, que ya se juzgó. La expresidenta fue condenada por este delito a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Según la opinión de jueces y fiscales, el dinero corrupto que resultaba de la obra pública (que también iba a manos de Lázaro Báez y Cristóbal López) se habría lavado en parte en esos hoteles y edificios que ambos empresarios alquilaban y no usaban. Por eso, en esta causa están acusados la familia Kirchner, los dos empresarios, el histórico contador de los Kirchner y socios y familiares de todos ellos. No hay exfuncionarios kirchneristas en el medio, como sucede en las otras causas por corrupción. El lavado de dinero mal habido era un acuerdo, si lo fue, solo del matrimonio Kirchner y los empresarios. Es una causa mucho más simple de resolver que cualquiera de las otras, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para el tribunal oral que dictará sentencia.
La Justicia vacila entre dos extremos. Uno es honesto e independiente y el otro es obsceno e indecente. Las dos caras de la Justicia se exhibieron en los últimos días. La primera la encarnó el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará el mismo día en que cumplirá los 75 años, el 29 de diciembre, edad máxima que estipula la Constitución para ejercer la judicatura. Ni un día más, se propuso quien fue constituyente de la reforma constitucional de 1994 que les puso ese límite etario a los jueces. Maqueda estuvo en la Corte Suprema durante 22 años y nunca lo acusaron de nada ni nadie sospechó nada de él, aun cuando debió enfrentar una conspiración que urdió uno de los miembros del propio tribunal que integra. Aunque viene de la política, eligió eludir las exhibiciones públicas desde que se convirtió en juez supremo. Los jueces no están para el espectáculo público, dice siempre. Seguramente, no abandonó el corpus de sus ideas (se formó en el peronismo cordobés de José Manuel de la Sota), pero abandonó por completo cualquier lealtad partidaria cuando lo ungieron como juez. Hace pocos días, en el primer discurso público que pronunció como juez en el Colegio Público de Abogados, donde le hicieron un homenaje, promovió “volver a recuperar el camino de la democracia constitucional” porque veía, subrayó, “nubarrones en esta nueva etapa”. “Soy un enamorado de las instituciones”, confesó en un país que les dedica la indiferencia a las instituciones. Maqueda integra con el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, la mayoría de tres jueces que se impone casi siempre contra el voto de Ricardo Lorenzetti, el cuarto juez de la Corte. Al revés de los otros tres, Lorenzetti hasta estudió la Escuela Austríaca de Economía para debatir el tema en sus encuentros frecuentes con Milei, a quien le propuso el nombre del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte. Lijo es seguramente el candidato a miembro de la Corte más universalmente cuestionado en la historia del país. Lorenzetti no se priva de nada.
La otra cara de la Justicia fue la deplorable imagen que dio el fiscal Ramiro González cuando celebró sus 60 años con una fiesta carísima y cargada de invitados, muchos de ellos integrantes del Poder Judicial. No hay sueldo en la Justicia capaz de financiar una fiesta de esa envergadura. El fiscal no nació rico, pero ahora tiene propiedades y campos. Tampoco eso se consigue con los salarios de la Justicia. “Lo peor es que todos los fiscales y jueces quedamos embarrados por este tipo”, se enfureció otro fiscal que obviamente no estuvo entre los invitados a la megafiesta de Ramiro González. Aunque tuvieran dinero, un fiscal o un juez no deben actuar con obscenidad y desfachatez. El Código de Ética de la Función Pública señala que los funcionarios públicos (y Ramiro González lo es) “deben evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad” y “deben observar una conducta digna y decorosa”, que es lo que no hubo en la escabrosa fiesta cumpleañera del fiscal. Ramiro González no puede seguir siendo el fiscal de un expresidente como Alberto Fernández, por más ruindades que este haya cometido. Ramiro González es el fiscal en el caso de la violencia de género de Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yañez. Debe irse cuanto antes de esa función, como Cristian Ritondo debe pedir licencia como presidente del bloque de diputados de Pro, el cargo institucional más importante que tiene ese partido. Ritondo está acusado de haber incrementado de manera significativa su patrimonio en los últimos años. Hay prácticas de la política que forman parte de un período histórico que ya pasó, definitivamente herido.
Fuente La Nacion
