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BsAs- 18 de diciembre de 2024–Total News Agency-TNA-El gobierno de [Nombre del País] ha implementado una nueva resolución que obliga a todos los internos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a participar en tareas de limpieza y mantenimiento de los centros de detención.
La medida, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que cada detenido, ya sea con condena firme o en proceso, deberá cumplir con un mínimo de cinco horas diarias de estas actividades sin remuneración. En caso de negativa, se enfrentarán a sanciones que les impedirán acceder a ciertos beneficios.
La resolución, que consta de tres artículos, busca reducir el tiempo de ocio de los detenidos y erradicar la llamada “cultura tumbera” dentro de las cárceles. Según el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para transformar y reestructurar el sistema penitenciario, promoviendo una relación más responsable entre los internos y la sociedad.
En el contexto de la resolución 1346, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad subraya que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene como objetivo la reinserción social y la reducción de la reincidencia, tal como lo estipulan la Constitución Nacional y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Bullrich, al anunciar la iniciativa, enfatizó que “las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad”, y que su esfuerzo debe orientarse hacia la reparación del daño causado. La ministra también destacó que la ociosidad en las cárceles contribuye al aumento de la violencia y a la perpetuación de una subcultura delictiva.
Los internos deberán participar en el mantenimiento de diversos espacios, incluyendo celdas, pabellones, patios y áreas comunes. Curi aclaró que estas actividades no se consideran trabajo remunerado, y los que se nieguen a participar enfrentarán restricciones en sus beneficios por buena conducta.
La medida ha generado controversia y ha sido objeto de debate en el ámbito social y político, resaltando la tensión entre los derechos de los internos y la responsabilidad del Estado en su rehabilitación.
En líneas generales, la edad promedio de la población carcelaria es de 33 años, a excepción de los militares detenidos que van de los 68 a 86 años y todos ellos con enfermedades crónicas, que difícilmente puedan realizar tarea alguna, a pesar que las autoridades del ministerio de seguridad, informaron que realizarían tareas.
