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Buenos Aires-22 de diciembre de 2024- Total News Agency-TNA- Genaro Contartese, un ex director de Banco Nación, admitió haber recibido coimas de IBM, en la causa estaba imputado, Marcelo Cattáneo, entre otros. Cattáneo, un hombre clave en el caso IBM-Banco Nación fue encontrado muerto en la Costanera de Buenos Aires, colgando de una antena, y su muerte fue caratulada como un supuesto suicidio, a pesar que en su boca había un recorte de un artículo que mencionaba la causa en la que estaban involucrados el mismo Cattáneo, Contartese y otros. En ese momento, Horacio Stiuso, hoy sponsor de Vázquez, era jefe de departamento de la SIDE y ya mantenía una estrecha relación con quien hoy dirige la DGI. Otros directores del banco tomaron rumbos diferentes, incluso en la SIDE.
El alto funcionario del gobierno de Javier Milei, Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI), se encuentra bajo investigación tras la revelación de que no declaró dos departamentos en Miami. Vázquez tiene vínculos empresariales con Genaro Contartese, quien confesó haber recibido sobornos en el caso IBM-Banco Nación, y con Gustavo Mascardi, representante de futbolistas.
El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, se encuentra en el centro de una tormenta judicial tras ser denunciado por la compra de tres departamentos en Miami, que suman más de dos millones de dólares. Las operaciones fueron realizadas a través de sociedades off-shore establecidas en paraísos fiscales, lo que ha desatado un fuerte cuestionamiento sobre su ética y transparencia como funcionario público.
Omisión en la declaración jurada
A pesar de las significativas inversiones en el extranjero, Vázquez no incluyó estos movimientos en su última declaración jurada de bienes (DDJJ) correspondiente al año 2023. Las sociedades involucradas tampoco fueron mencionadas, lo que contraviene las obligaciones de transparencia que rigen para los funcionarios públicos en Argentina. Este hecho ha llevado a la oposición a acusarlo de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su DDJJ y lavado de dinero.
Crecimiento patrimonial notable
A pesar de las acusaciones, el patrimonio “oficial” de Vázquez, declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA), muestra un crecimiento notable durante su gestión en la DGI. En su declaración, se evidencia la adquisición de diez propiedades, algunas de ellas altamente cotizadas en el mercado inmobiliario, así como ahorros en efectivo que alcanzan los 10 millones de pesos y cuentas en Estados Unidos que suman 2.100.000 pesos. La pregunta que surge es: ¿cómo logró Vázquez acumular tal fortuna mientras ocupaba un cargo público?
Sociedades comerciales en la mira
La investigación se ha centrado en tres empresas que Vázquez inscribió en su DDJJ: San Andrés S.A., Más y Más S.A. y DVQP Sports S.A.. Cada una de estas sociedades ha suscitado controversia debido a sus vínculos con individuos con antecedentes de corrupción y evasión fiscal.
1. Consultora San Andrés S.A.
Esta consultora fue creada en 2005 por el contador Sergio Ocampo y el comerciante Fernando Pagani. Su objeto social es amplio, abarcando servicios de consultoría en diversas disciplinas. Vázquez figura como director suplente desde 2007, y su sede legal ha sido objeto de cuestionamientos, ya que se ha confirmado que no opera en la dirección registrada en Lavallol. En 2010, se registró un cambio de autoridades donde la vicepresidenta de la firma es Silvia Mónica Vázquez, hermana de Andrés.
2. Más y Más S.A.
Fundada en 2013, esta empresa cuenta entre sus socios a Genaro Antonio Contartese, un ex funcionario del Banco Nación involucrado en un escándalo de sobornos conocido como el caso IBM-Banco Nación. Contartese admitió haber recibido más de un millón de dólares en sobornos, dinero que no fue declarado ante la AFIP. A pesar de su pasado criminal, Vázquez ha mantenido su vínculo con Contartese, lo que ha generado dudas sobre la ética de sus decisiones.
Además, Más y Más S.A. tiene como socios a Stefano y Francisco Mascardi, hijos de Gustavo Mascardi, un representante de futbolistas que fue investigado por Vázquez cuando era director de Inteligencia Fiscal de la AFIP por evasión de impuestos en operaciones de compra y venta de jugadores. A pesar de su relación con personas con antecedentes delictivos, Vázquez ha continuado operando con ellos, lo que plantea serias interrogantes sobre su integridad.
3. DVQP Sports S.A.
Inscrita en 2015, esta empresa tiene como socios a Antonio Galzerano, Elba Barco y Norberto Arismendi, un representante de futbolistas. El objeto comercial de DVQP Sports S.A. es representar y asesorar a deportistas, lo que añade otra capa de complejidad a la situación de Vázquez, dado que sus socios tienen vínculos con el mundo del fútbol, donde la corrupción ha sido un tema recurrente.
La sede registrada de DVQP Sports S.A. se encuentra en una dirección que corresponde a una casa tipo dúplex en un barrio de clase media, lo que contrasta con la imagen de una empresa que debería operar en un entorno más profesional.
Incompatibilidades y conflictos de interés
De acuerdo con fuentes cercanas al organismo recaudador, existen múltiples incompatibilidades en las empresas de Vázquez que podrían violar las normativas de la DGI. La ley prohíbe a los funcionarios mantener relaciones con empresas importadoras y exportadoras, y Vázquez ha constituido sociedades que operan en estos ámbitos, aseguró Nicolás Wiñazki en Clarín
Normativas de la DGI
La resolución emitida en 2014 por el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, prohíbe a los empleados ser miembros o dueños de sociedades anónimas comerciales. A pesar de esta normativa, Vázquez continuó desempeñándose como funcionario público sin desprenderse de sus negocios privados, lo que podría acarrear sanciones penales.
El Código de Ética de la DGI establece que los funcionarios deben evitar situaciones que generen conflictos de interés. Sin embargo, Vázquez ha continuado en sus funciones sin renunciar a sus directorios en las sociedades, lo que contraviene las normas establecidas.
Reacción política y social
La denuncia ha tenido un fuerte eco en el ámbito político y social. La Coalición Cívica ha exigido una investigación exhaustiva y ha llamado a la renuncia de Vázquez hasta que se aclare su situación. La sociedad civil, por su parte, ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión pública y la posibilidad de que altos funcionarios se beneficien de prácticas corruptas.
Conclusión
La denuncia contra Andrés Vázquez pone en tela de juicio la integridad y la transparencia de la DGI, así como la capacidad del funcionario para desempeñar su rol sin conflictos de interés. La situación sigue desarrollándose y se espera que la Justicia tome cartas en el asunto para esclarecer las acusaciones y determinar las responsabilidades pertinentes. La sociedad demanda respuestas claras y contundentes ante un caso que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en Argentina.
