Buenos Aires-27 de diciembre de 2024-Total News Agency-TNA- El presidente Javier Milei se prepara para firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificará la ley de ministerios, renombrando la Cartera de Seguridad como Ministerio de Seguridad Nacional.
Este cambio no es meramente estético; la ministra Patricia Bullrich asumirá nuevas competencias que actualmente dependen del Ministerio de Defensa y otros organismos, con el objetivo de fortalecer la presencia de las fuerzas federales fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa, que ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, se oficializará en los próximos días.
Un funcionario cercano a los cambios reveló a Clarín: “La idea es darle un rol más robusto al ministerio para que quede claro que está por encima de las provincias en algunos tópicos”. Este movimiento permite a Bullrich recuperar parte de la centralidad política que había perdido, como evidenció su reciente participación en un encuentro entre el presidente y el bloque de la UCR, lo que le otorga mayor peso en el organigrama gubernamental.
El nuevo Ministerio de Seguridad Nacional guarda similitudes con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que refleja la tendencia de Milei hacia una ingeniería institucional inspirada en la Casa Blanca. Con el decreto 1112/2024, que modificó la reglamentación de la ley de Defensa, Bullrich ya había comenzado a coordinar las acciones de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, protegiendo áreas estratégicas como aeropuertos y yacimientos de Vaca Muerta de posibles ataques terroristas.
Además, la ministra asumirá la dirección del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que coordina las acciones de los gobiernos provinciales y del Ejército en situaciones de crisis, ya sean climáticas o sociales. También se encargará del Sistema de Manejo del Fuego, que actualmente depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Este cambio en la estructura ministerial se produce en un momento en que Bullrich avanza con un plan de reformas en las fuerzas federales, especialmente en la Policía Federal (PFA). Desde la Cartera de Seguridad, se busca aumentar la plantilla de investigadores del 15% al 40%, impulsando la idea de crear una suerte de FBI local, tal como se propuso en la campaña electoral. Además, se planea reestructurar el despliegue de agentes, trasladando el 70% de la PFA a provincias, donde actualmente solo el 40% está destinado.
Mientras tanto, el oficialismo enfrenta un panorama legislativo incierto, debatiendo la conveniencia de convocar sesiones extraordinarias para votar pliegos de jueces de la Corte o suspender las PASO. En los despachos de Casa Rosada, se trabaja en un ambicioso proyecto de ley de seguridad nacional que afectará las legislaciones vigentes en Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Se elabora un borrador en el que no tendrá participación la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Un alto funcionario cercano al presidente expresó: “El sistema de seguridad nacional es anticuado y su marco normativo no se condice con la situación actual. La amenaza más latente proviene de grupos terroristas, y el andamiaje jurídico argentino limita el capital operativo para enfrentar tales amenazas. Se busca adecuar todas las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
Sin embargo, el músculo legislativo del oficialismo parece estancado de cara al año electoral, con las modificaciones a las leyes de Defensa, Seguridad Interior y el paquete antimafia aún empantanadas en el Congreso.
