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Por Parker Asmann y Henry Shuldiner
Con el aumento de personas forzadas a abandonar sus hogares en Latinoamérica y el Caribe en 2024, el tráfico de migrantes pasó de ser una economía criminal secundaria a convertirse en una actividad central para algunos de los grupos criminales más poderosos de la región.
Este cambio ocurrió en un contexto donde estos mismos grupos son una de las principales causas de la migración irregular, ya que provocan desplazamientos forzados mediante conflictos por el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión.
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Mientras huyen de la violencia, la crisis ambiental y la incertidumbre económica, los migrantes se han convertido en una oportunidad de lucro para las redes criminales. Estas organizaciones no solo obtienen ganancias al facilitar el tráfico de migrantes, sino también mediante esquemas de extorsión y secuestros, lo que ha transformado a la economía migratoria en una de sus principales fuentes de ingreso.
“El abuso de los migrantes como actividad criminal es cada vez más importante”, señaló Yael Schacher, directora para América y Europa en la organización Refugees International. “Con el endurecimiento de los sistemas de control migratorio, los migrantes terminan cayendo directamente en manos de los traficantes y dependen mucho más de ellos”.
Una carretera humana por la selva
Los flujos migratorios a través del tapón del Darién han alcanzado niveles históricos. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han tomado el control casi total de la economía migratoria y han transformado este peligroso cruce selvático en una oportunidad multimillonaria de lucro.
“La [economía migratoria] se ha convertido en su principal fuente de ingresos [en esta zona de Colombia]”, señaló Caitlyn Yates, experta en las dinámicas migratorias de esta área. “Incluso el tráfico de cocaína ha quedado en segundo plano.”
Este denso tramo de selva, que abarca más de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, ha registrado un aumento considerable en los cruces desde 2021. En 2024, por ejemplo, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién, convirtiéndolo en una de las rutas más transitadas del hemisferio.
Los colombianos son el segundo grupo más numeroso de migrantes que se ven forzados a cruzar de manera irregular el Darién, según datos de Migración Colombia procesados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Esto se debe, en parte, a la violencia criminal. En el marco de la “Paz Total”, la principal política de seguridad del presidente Gustavo Petro, algunas negociaciones con los grupos criminales más poderosos del país han fracasado, lo que ha impulsado a más de 17.000 colombianos a atravesar esta peligrosa selva en 2024, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
En el lado colombiano del Darién, las AGC tienen un monopolio sobre el crimen y controlan los principales corredores migratorios en el norte de Chocó y partes del norte de Antioquia. En esas zonas, obtienen ingresos de la economía migratoria al imponer un “impuesto” de aproximadamente el 10% sobre las ganancias de negocios formales e informales. Entre las empresas afectadas se encuentran las de transporte fluvial que cruzan a los migrantes por el golfo de Urabá, los guías que los acompañan por el Darién hasta la frontera con Panamá, y los negocios locales, como hoteles, restaurantes y vendedores ambulantes que les brindan servicios.
Además, las AGC se involucran de manera directa en el tráfico de migrantes, al crear redes de subcontratistas que ofrecen paquetes migratorios, proporcionan seguridad en el lado colombiano del Darién y aseguran que los migrantes lleguen a su destino.
“Es considerablemente más seguro para un migrante ser trasladado por las [AGC] que viajar por su cuenta”, dijo Yates a InSight Crime. “El modelo del grupo criminal es: ‘Te vamos a proteger para poder proteger nuestro negocio’”.
El año pasado, más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién. Solo los impuestos sobre estas redes y los paquetes de transporte podrían haber generado entre US$17,5 millones y $25 millones, según estimaciones de InSight Crime. Otras organizaciones, como Human Rights Watch, sugieren que esos ingresos podrían ser el doble.
Sumando las extorsiones a los negocios locales, los ingresos anuales de las AGC provenientes de la economía migratoria podrían rondar los US$100 millones. Estas ganancias son comparables a las obtenidas del narcotráfico, lo que ha vuelto crucial para las AGC mantener su influencia sobre los flujos migratorios.
Los migrantes se desplazan y una ‘megabanda’ venezolana se expande
Pocos grupos criminales han captado más atención internacional en 2024 que el Tren de Aragua, una de las principales megabandas de Venezuela. En los últimos años, el grupo ha extendido su influencia por Suramérica y ha establecido presencia permanente en Colombia, Perú y Chile, al aprovecharse del éxodo de casi 8 millones de venezolanos desde 2015.
El Tren de Aragua capitalizó el hecho de que muchos venezolanos han buscado estabilidad en países vecinos, lo que le permitió consolidarse como un actor principal en las operaciones de tráfico de migrantes en la región. Inicialmente, el grupo controló los cruces en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero luego comenzó a ofrecer sus propios servicios de traslado de migrantes, los cuales incluyen paquetes con transporte, alojamiento y alimentación para todo el viaje.
No obstante, durante el último año se han llevado a cabo acciones gubernamentales sin precedentes contra el grupo. El primer golpe ocurrió a finales de 2023, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas irrumpieron en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, que había funcionado como cuartel general de la megabanda. Esta ofensiva se produjo después de años de apoyo del gobierno hacia el Tren de Aragua y el feudo criminal que habían creado en Tocorón.
Otros gobiernos de la región también tomaron medidas. A inicios de julio, las autoridades colombianas arrestaron a Larry Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los principales fundadores y líderes del Tren de Aragua. Álvarez presuntamente había sido clave para la expansión del grupo en Colombia y habría ayudado a consolidar sus operaciones en Chile.
En noviembre, la policía colombiana también capturó a Jeison Alexander Lorca Salazar, alias “Jeison Comino”, presuntamente el segundo al mando del Tren de Aragua en Colombia. Además, fiscales en Chile y Perú han encabezado operativos en contra de miembros del grupo en sus respectivos países.
Sin embargo, a pesar de los golpes a sus operaciones regionales en Latinoamérica, la reputación del Tren de Aragua continúa creciendo. En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control, OFAC) agregó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones criminales transnacionales y destacó que era una “creciente amenaza” para las comunidades estadounidenses.
Varios políticos de Estados Unidos han hecho llamados para tomar medidas en contra del grupo, incluyendo el presidente electo Donald Trump, quien considera que algunas ciudades han sido “tomadas” por el Tren de Aragua.
La designación de la OFAC llegó tras una serie de informes en medios que sugerían que el Tren de Aragua no solo traficaba migrantes en Suramérica, sino que también operaba de manera activa en la frontera norte de México y estaba “invadiendo” Estados Unidos al esconder a sus miembros entre los migrantes. Aunque en algunas ciudades estadounidenses se han atribuido crímenes a supuestos miembros del Tren de Aragua, las autoridades nacionales, estatales y locales no han podido establecer vínculos entre esos individuos y la estructura general del grupo o su liderazgo.
“[El Tren de Aragua] no es como con las pandillas centroamericanas”, comentó Schacher, de Refugees International. “No hay una diáspora venezolana establecida en Estados Unidos. El Tren de Aragua es una banda nueva en ese país y no hay un ciclo en el que las personas lleguen, formen una pandilla, luego sean deportadas y regresen. No es nada parecido.”
A pesar del pánico a nivel nacional, el Tren de Aragua no tiene una presencia significativa en Estados Unidos. Aunque se han vinculado a presuntos miembros con asaltos y robos, no ha habido evidencia de su participación en redes de extorsión, que son su principal motor económico. Tampoco existen indicios de que estos miembros hayan establecido células o formado alianzas con otros grupos criminales.
Un ‘pilar’ de las operaciones criminales en México
En 2024, los flujos migratorios se mantuvieron constantes en México, y varios migrantes quedaron varados en el país debido a las políticas migratorias restrictivas que les impidieron seguir su camino hacia Estados Unidos. En este contexto, el tráfico humano se convirtió en un elemento clave del panorama criminal del país. Tanto las grandes organizaciones narcotraficantes como las pandillas locales encontraron formas de beneficiarse de esta situación.
“[El tráfico de migrantes] es 100% un pilar de sus operaciones y modelos de ingresos”, explicó Ari Sawyer, quien tiene amplio conocimiento de las dinámicas migratorias y de seguridad en México. “Están enriqueciéndose enormemente a costa de los migrantes, gracias a las políticas de Estados Unidos y México que dificultan cada vez más llegar al territorio estadounidense”.
El gobierno de Estados Unidos ha dependido desde hace décadas de las políticas de “prevención a través de la disuasión” para frenar el flujo migratorio y, a menudo, ha delegado la aplicación de estas medidas a países como México. Esta estrategia no ha funcionado y el resultado, en cambio, ha beneficiado a los grupos criminales que ofrecen servicios de tráfico o que explotan la creciente vulnerabilidad de los migrantes.
Redes poderosas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo obtienen beneficios considerables al cobrar cuotas a “coyotes” que transportan migrantes por las zonas que controlan e incluso han establecido su propia infraestructura de tráfico humano. Mientras tanto, la extorsión y el secuestro de migrantes también han aumentado de manera alarmante.
“El mercado de secuestros ha crecido enormemente”, afirmó Sawyer a InSight Crime. “Los grupos del crimen organizado vieron una oportunidad para duplicar sus ganancias con el tráfico de migrantes y ahora son tan sofisticados que operan redes de secuestro y extorsión en paralelo”.
Aunque los secuestros de migrantes en México no son un fenómeno nuevo, la magnitud actual del problema es inédita. Según Sawyer, en el pasado los migrantes podían ser secuestrados una sola vez durante todo su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. Ahora, los grupos criminales no solo ofrecen servicios de transporte, sino que también ejecutan secuestros masivos en el país. Los migrantes pueden ser retenidos varias veces y por distintos actores a lo largo de su viaje, desde la frontera sur con Guatemala, pasando por el interior del país, hasta la frontera norte.
“Todos [los actores ilícitos] quieren llevarse una parte del pastel”, añadió Sawyer.
Es difícil calcular el alcance de las ganancias provenientes del tráfico de migrantes y las economías criminales asociadas, pero InSight Crime estima que se trata de un negocio multimillonario que se compara con el narcotráfico. Por ejemplo, encontramos que solo en una pequeña localidad en Sonora cercana a la frontera, las redes vinculadas al Cartel de Sinaloa generan más de US$1 millón al mes.
“Se ha convertido en un problema enorme”, declaró Sawyer a InSight Crime. “Los gobiernos de Estados Unidos y México saben lo que está ocurriendo, pero continúan aplicando políticas que enriquecen a los grupos criminales y sus operaciones de tráfico”.
La represión continua beneficia a los grupos criminales
Los grupos del crimen organizado probablemente seguirán obteniendo grandes ganancias mientras los gobiernos de la región endurecen sus políticas contra los migrantes. Entre ellos, el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente electo, Donald Trump, ha prometido “lanzar el mayor programa de deportación de criminales en la historia estadounidense”.
Esta dinámica coincide con un éxodo masivo de migrantes en distintas partes de la región. En Venezuela, por ejemplo, unas elecciones fraudulentas han consolidado un régimen que frecuentemente mezcla la gobernanza con la criminalidad.
En Haití, un gobierno provisional y una misión de seguridad respaldada por las Naciones Unidas han logrado pocos avances para recuperar el control de Puerto Príncipe, donde las pandillas dominan aproximadamente el 80% de la ciudad. Las constantes amenazas de desplazamiento, violencia sexual y asesinatos selectivos han provocado una emigración masiva de haitianos, muchos de los cuales atraviesan Colombia, Centroamérica y México en su camino hacia Estados Unidos.
Y en Ecuador, el aumento del narcotráfico, las tasas récord de homicidios y la creciente influencia de las pandillas han desestabilizado a un país que antes era un referente de estabilidad en la región. Las extorsiones y secuestros generalizados han forzado a cientos de miles de ecuatorianos a abandonar el país.
“Si la posibilidad de que la gente llegue a Estados Unidos se corta por completo, habrá aún más personas expuestas a la amenaza del crimen organizado”, advirtió Yael Schacher de Refugees International.
El continuo endurecimiento de las políticas migratorias y la creciente inseguridad regional crean las condiciones perfectas para que los grupos del crimen organizado en Latinoamérica sigan aprovechándose de los disfuncionales enfoques migratorios en la región.
Fuente Insightcrime
