Por Daniel Romero
El asalto de 46 guerrilleros al cuartel militar de La Tablada, ocurrido el 23 de enero de 1989, dejó una profunda huella en el gobierno de Raúl Alfonsín y en la historia reciente de Argentina. Este ataque, llevado a cabo por el Movimiento Todos por la Patria (MTP) bajo el liderazgo de Enrique Gorriarán Merlo, se justificó con el argumento de prevenir un supuesto golpe de Estado por parte de los “carapintadas”. Sin embargo, el resultado fue devastador: 32 guerrilleros perdieron la vida, junto a 11 muertos y 53 heridos entre militares, policías y civiles.
Los enfrentamientos se extendieron durante 36 horas, generando un clima de tensión en la sociedad argentina. A medida que se desarrollaban los combates, se denunciaron desapariciones de cuatro combatientes, lo que llevó a cuestionamientos en tribunales internacionales sobre el manejo de la situación por parte del gobierno radical de Raúl Alfonsín.
En el contexto de la campaña electoral de 1989, que culminaría con la victoria de Carlos Menem, el candidato peronista se encontraba en Mar del Plata cuando se desató el ataque. Inicialmente, no prestó atención a las informaciones que le llegaban asegurando que serían carapintadas, pero se vio obligado a desdecirse cuando su vocero, Juan Bautista Yofre, lo anoticio que no era así, sino ex miembros del ERP -MTP y debió suspender un acto de campaña programado para esa noche. Yofre obtuvo esa información de quien escribe estas líneas, algo por primera vez revelado.
Homenaje a los caídos y controversias políticas
En un intento por diferenciarse de las administraciones kirchneristas, el gobierno de Javier Milei planea asistir a un homenaje en Pigüé, donde se recordará el ataque de La Tablada. Se especula que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezarán el acto. En La Tablada, se llevará a cabo una ceremonia a cargo de una comisión que rinde homenaje a las víctimas de la delincuencia.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada, que desde 1952 estaban en La Tablada, fueron los principales objetivos del ataque. Hoy en día, el lugar permanece abandonado, recordando un capítulo oscuro de la historia argentina.
Los guerrilleros del MTP, utilizaron un camión robado de Coca Cola para ingresar al cuartel a sangre y fuego. A pesar de su planificación, la resistencia militar fue feroz y sorprendió a los atacantes. La intervención de más de 2000 efectivos de las fuerzas armadas y policiales permitió recuperar el control del cuartel.
Conexiones y operaciones encubiertas
Fuentes de la época indican que varios de los atacantes desempeñaban funciones en el diario Página 12, financiado por Gorriarán Merlo y el vocero del MTP era el periodista Alfredo Leuco, quien luego daría un vuelco a su visión política. Además, se ha señalado que autoridades del gobierno mantuvieron contacto con Jorge Baños, líder del MTP, sugiriendo que existió una operación para desprestigiar a sectores militares conocidos como “carapintadas”. Una de esas reuniones se desarrolló en un famoso restaurante del momento en el centro porteño, Palladium.
Estos grupos estaban divididos: unos respondían al Coronel Seineldín, de fuerte raigambre nacionalista, mientras que otros seguían al Teniente Coronel Rico, quien posteriormente pactaría con el peronismo para apoyar la reelección de Eduardo Duhalde a cambio de beneficios económicos y contratos. Años mas tarde, Rico sería diputado y luego participaría de elecciones municipales en San Miguel, en la boleta de Cristina Kirchner. Todos los militares que participaron con Rico del movimiento carapintada fueron enjuiciados y destituidos, Rico paso por ellos con holgura y ni siquiera los originados por combatir al terrorismo de los 70 lo molestaron.
El ataque a La Tablada no solo generó repercusiones inmediatas, sino que también desató un proceso judicial llevando a condenas de reclusión perpetua para 13 combatientes y penas de 10 a 20 años para otros siete, que luego salieron anticipadamente. Sin embargo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos, llevaron a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligó a la reanudación de juicios en años posteriores.
Este episodio sigue siendo un tema de debate y análisis en la política argentina, revelando las complejas interacciones entre el pasado guerrillero y las dinámicas actuales del poder.
