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Buenos Aires, 27 de enero de 2025-Total News Agency-TNA- La provincia de Santiago del Estero enfrenta nuevamente críticas por denuncias que apuntan a un patrón de abuso de poder por parte del gobernador Gerardo Zamora. Residente de la provincia han manifestado que su administración se asemeja más a una organización criminal que a un gobierno democrático. Recientemente, una denuncia ha surgido alegando que Zamora ha encarcelado y perseguido a ciudadanos inocentes.
El caso de Sebastián Amado y José Carlos Pinto, detenidos de manera arbitraria el 18 de septiembre de 2024, ejemplifica la falta de respeto por las garantías constitucionales en la región. Ambos hombres fueron arrestados bajo acusaciones sin fundamento relacionadas con una aplicación de criptomonedas llamada Peta, que opera desde Londres y no tiene vínculos comprobados con los detenidos, informó Abigail Luna en RealPolitik.
A pesar de que Gendarmería Nacional Argentina presentó evidencias que indican que los fondos asociados a la plataforma están en Dubái y Estados Unidos, las detenciones continúan, lo que pone de manifiesto la maquinaria represiva del gobierno de Zamora. Las víctimas han denunciado un proceso judicial plagado de irregularidades, incluyendo presuntas extorsiones del procurador Fabio Cisneros, amenazas directas y manipulación de pruebas.
La esposa de uno de los detenidos, quien se comunicó con REALPOLITIK, también ha denunciado amenazas constantes, lo que la llevó a solicitar un botón antipánico para su protección.
La justicia bajo control del zamorismo
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la dilación constante del poder judicial en Santiago del Estero. La prisión preventiva, inicialmente establecida por dos meses, ha sido extendida sin la presentación de pruebas concretas, con la complicidad de jueces alineados con los intereses del gobernador. Los abogados defensores han denunciado violaciones de la cadena de custodia y manipulación de documentos judiciales, incluyendo resoluciones preescritas antes de las audiencias.
Un entramado de corrupción
El esquema de corrupción que rodea a Zamora va más allá de la persecución política y judicial, afectando también sus finanzas personales. Su esposa, Claudia Ledesma Abdala, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su enriquecimiento inexplicable durante su gestión en el Registro Automotor de la provincia. Además, el sector de la salud en Santiago del Estero está bajo el control de su hermano, Oscar Ricardo Ledesma Abdala, quien maneja la única clínica de diagnóstico por imágenes de la provincia.
El centro de salud familiar, Diagnóstico Médico por Imágenes (DMI), opera en un monopolio favorecido por el estado provincial, obligando a los pacientes a utilizar sus servicios. Otras empresas, como Medicgamma y EMAC SRL, también están involucradas en la canalización de ingresos millonarios a expensas del pueblo santiagueño. Estas irregularidades fueron denunciadas en 2013 por el entonces candidato a gobernador Emilio Rached, pero la maquinaria judicial y política del zamorismo ha impedido cualquier investigación seria.
Estructura de impunidad
El caso de Amado y Pinto no es un hecho aislado; es parte de un patrón sistemático de persecución que el mandatario provincial utiliza para disciplinar a quienes no forman parte de su red de poder. Las denuncias de los familiares de los detenidos se suman a una larga lista de ciudadanos que han sido víctimas de amenazas y violaciones a sus derechos bajo la gestión de Zamora.
La persecución mediática también es una táctica común en este esquema. Los detenidos han sido exhibidos en medios locales con acusaciones infundadas, mientras que otros con conexiones al poder han sido excluidos de cualquier investigación.
El testimonio de la denunciante subraya la desesperanza de muchos en la provincia: “Nos eligieron por falta de contactos y poder. Mientras jueces, hijos de fiscales y gente conocida están libres, nosotros somos los perejiles que deben caer”. Esta declaración resume el mecanismo de persecución selectiva que caracteriza al régimen de Zamora.
