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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tomó dos decisiones de gran relevancia en las últimas horas, vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exvicepresidente Amado Boudou. Ambas resoluciones apuntan a restringir el acceso a beneficios económicos considerados “privilegios” para exmandatarios y exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública.
En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el organismo rechazó el recurso de reconsideración presentado por la expresidenta, quien buscaba anular la resolución que dio de baja sus dos asignaciones vitalicias. Estas asignaciones, que percibía simultáneamente como expresidenta y como viuda del expresidente Néstor Kirchner, fueron revocadas tras su condena firme por delitos contra la administración pública.
En su recurso, Fernández de Kirchner argumentó que ANSES carecía de facultades para revocar las asignaciones, que la decisión fue “arbitraria” y que se vulneraron sus derechos. Sin embargo, la resolución desestimó estos argumentos, señalando que el organismo tiene la potestad de suspender, modificar o revocar beneficios otorgados de manera ilegítima. “Las asignaciones especiales para expresidentes son un privilegio, no un derecho adquirido ni alimentario”, destacó el comunicado oficial. Además, se remarcó que estas prestaciones exigen “honor y mérito”, condiciones que, según ANSES, la expresidenta perdió al ser condenada por delitos cometidos durante su gestión.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano también rechazó el recurso presentado por Amado Boudou, exvicepresidente y exministro de Economía, quien buscaba mantener su asignación vitalicia. Boudou fue condenado en la causa Ciccone, un caso de corrupción que involucró la compra irregular de una imprenta de billetes durante su gestión. La Corte Suprema de Justicia ratificó su condena en diciembre de 2020, lo que llevó a ANSES a revocar su beneficio y a ordenar la recuperación de los fondos percibidos indebidamente desde esa fecha.
Según trascendidos difundidos en La Nación Más, Boudou habría cobrado alrededor de 400 millones de pesos en concepto de jubilación de privilegio desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2023, cuando se dio de baja su asignación. En su último mes como beneficiario, habría percibido aproximadamente 8 millones de pesos netos. ANSES iniciará acciones judiciales para recuperar estos montos, argumentando que el exvicepresidente no cumplió con el requisito de “honorabilidad, mérito y buen desempeño” necesario para acceder al beneficio.
En su recurso, Boudou sostuvo que la decisión de ANSES fue “arbitraria” y que violó el principio de defensa y la división de poderes. Sin embargo, la resolución del organismo previsional explicó que la Ley N° 24.241 permite suspender, modificar o anular prestaciones si se demuestra que fueron otorgadas de manera ilegítima. “ANSES tiene la facultad de suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima”, señaló el comunicado.
Estas decisiones marcan un precedente en la interpretación restrictiva de los privilegios otorgados a exmandatarios y exfuncionarios. ANSES estableció que el acceso a estos beneficios no solo depende del ejercicio del cargo, sino también de una “decorosa y honrosa conducta” durante y después de su gestión.
En el caso de Fernández de Kirchner, se mencionó que podría enfrentar una denuncia penal por el cobro indebido del ítem “zona austral”, un beneficio que habría percibido al fijar domicilio en Río Gallegos mientras residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuente El Cronista
