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Buenos Aires-Total News Agency – TNA – 11 de febrero de 2025- La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha denunciado serias irregularidades en el proceso de licitación para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía, gestionada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. En el dictamen emitido bajo el Expediente PIA n.º 126/2022, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti subrayaron la importancia estratégica de la VNT para el desarrollo económico de Argentina y su papel crucial en el comercio regional e internacional.
Entre las principales observaciones, el dictamen, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, destacó la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados” y el incumplimiento del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que exige la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.
Asimismo, la PIA ha recibido denuncias de potenciales oferentes que sugieren un posible direccionamiento hacia la empresa actualmente encargada del dragado de la vía troncal. Esta situación ha sido también señalada por un grupo de diputados nacionales, lo que pone en riesgo los principios de “igualdad, transparencia y concurrencia” que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado.
El organismo advirtió que los errores en la elaboración de los pliegos podrían tener consecuencias graves, indicando que “los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales”.
Cabe recordar que la PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, donde observó “diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento” y propuso recomendaciones para evitar la repetición de tales situaciones.
Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a asegurar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de “juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad”, enfatizando que “toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país”.
