por Alejandra Rodríguez
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que el Cartel de Sinaloa es el “jefe actual” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sugiriendo una relación de subordinación entre ambos grupos que no está comprobada.
En estas declaraciones, expresadas en la inauguración de un Complejo Científico el 7 de febrero en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), destacó la importancia de la educación como herramienta para evitar que los jóvenes tomen un fusil y sean pagados por los “carteles mexicanos y extranjeros para matar a sus propios hermanos, como sucede en el Catatumbo”, e indicó que los verdaderos “dueños de estas estructuras no son comandantes colombianos, sino los que compran la cocaína desde México”.
Esta mención se dio en medio de la escalada de violencia en la región de Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, en donde el ELN lanzó una ofensiva a gran escala en contra de las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y reavivó una guerra territorial en la región que ha dejado más de 50.000 desplazados en apenas un mes.
Análisis de InSight Crime
Los carteles mexicanos no han logrado establecer estructuras propias en Colombia para controlar la producción y el tráfico de cocaína. Su presencia sigue siendo intermitente y dependiente de actores locales.
En lugar de imponer su control, los emisarios mexicanos supervisan la calidad del producto y optimizan la cadena de distribución, reduciendo riesgos y eliminando intermediarios sin comprometerse en conflictos internos.
Aunque los carteles mexicanos han tejido alianzas con actores armados en Colombia para asegurar el flujo de cocaína, la historia del ELN sugiere que el grupo mantiene autonomía en sus operaciones. Colombia ha sido históricamente un territorio inhóspito para actores extranjeros, esto presenta obstáculos para los carteles mexicanos, quienes no han logrado un control total sobre las dinámicas del narcotráfico en el país, sino que han creado el recurso de los emisarios, enviados que cumplen un papel de empresarios y supervisores de la calidad del producto que luego comercializan. Son ellos quienes supervisan toda la operación, desde los cultivos de coca hasta el proceso de empaque y traslado de la cocaína.
Las condiciones geográficas, políticas y sociales han dificultado que los carteles mexicanos establezcan bases permanentes, lo que limita su capacidad de operar sin el respaldo de actores locales, un recurso que ha funcionado desde hace años tal y como está. Sin embargo, los grupos criminales colombianos sí han mantenido alianzas de larga data con grupos mexicanos para el narcotráfico.
Grupos como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han enviado emisarios y creado células operativas que fortalecen sus operaciones sin necesidad de involucrarse directamente en disputas territoriales. Sin embargo, los grupos colombianos continúan ejerciendo el control sobre el territorio, limitando la capacidad de los carteles mexicanos para asumir un rol dominante en la producción y transporte de drogas en el país.
Ante estas restricciones, los mexicanos han optado por consolidar alianzas con actores armados locales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las FARC, que les han permitido garantizar el tráfico de cocaína desde regiones estratégicas como Cauca, Catatumbo y Córdoba hasta los puertos del Caribe, facilitando su exportación a Norteamérica y Europa.
Mientras los carteles mexicanos obtienen este acceso seguro a la producción y el transporte de cocaína, los grupos colombianos conservan el control territorial y operan bajo sus propios intereses, evitando la subordinación. Esta dinámica refuerza el poder de las organizaciones colombianas, que aprovechan la demanda externa sin ceder autonomía. A pesar de su influencia económica, los carteles mexicanos siguen enfrentando grandes limitaciones para operar de manera independiente en Colombia, un entorno hostil para actores criminales foráneos.
Fuente InshigtCrime