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En los últimos meses, Brasil ha sido escenario de una intensa disputa en torno a la libertad de expresión y la censura en plataformas digitales.
El epicentro de esta controversia es el enfrentamiento entre el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, y la plataforma de videos Rumble, conocida por su popularidad entre sectores conservadores y de derecha. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre la regulación judicial y los principios de libertad de expresión en el país.
Donald Trump
Rumble, fundada en 2013 por Chris Pavlovski, se ha destacado por su enfoque flexible en la moderación de contenidos, promoviendo una “internet libre y abierta”.
Esta filosofía ha atraído a creadores de contenido que han sido restringidos en otras plataformas más tradicionales, de espectro progresista o Woke. Sin embargo, esta postura también ha generado fricciones con autoridades brasileñas, especialmente en el contexto político polarizado del país.
El conflicto se intensificó a finales de 2023, cuando Rumble decidió suspender sus operaciones en Brasil. La medida fue una respuesta directa a las órdenes del juez Alexandre de Moraes, quien exigió la eliminación de contenidos considerados ilícitos, incluyendo aquellos del influenciador muy conocido llamado Monark. Rumble argumentó que tales órdenes constituían una forma de censura, contraria a los principios de libertad de expresión que la plataforma defiende.
La situación de Rumble no es un caso aislado. En 2024, la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) también enfrentó medidas similares por parte de las autoridades brasileñas.
Tras negarse a cumplir con órdenes judiciales que exigían el bloqueo de ciertas cuentas, la mayoría de ellas pertenecientes al espectro político de derecha o Bolsonarista, en medio de las elecciones de medio término en Brasil, la red social X fue finalmente suspendida en el país durante más de un mes. Justo el mes de votación.
Este precedente subraya la postura firme y hasta arbitraria de las autoridades brasileñas en la regulación del contenido en línea, incluso a costa de restricciones significativas en plataformas globales.
En todo este lodo legal y político, Alexandre de Moraes ha sido una figura central en la definición de qué se puede y qué no se puede decir públicamente en la web, y hasta en chats privados en Brasil.
Como ministro del STF, ha emitido múltiples órdenes dirigidas a plataformas digitales, buscando “combatir la desinformación y los discursos de odio”, aunque no se entiende muy bien su alcance.
No obstante, sus acciones han sido objeto de críticas por parte de quienes las consideran excesivas y restrictivas de la libertad de expresión. Esta crítica surge a partir del artículo 5 de la Constitución de Brasil, que establece que “La expresión de la actividad, artística, científica y de comunicación es libre de censura o licencia”.
La crisis actual surge a partir del influenciador Allan dos Santos, acusado de difundir información falsa y discursos de odio. De Moraes ordenó el bloqueo de sus cuentas en diversas plataformas y solicitó su extradición desde Estados Unidos.
Rumble, al negarse a cumplir con la orden de eliminar la cuenta de dos Santos, se enfrentó a sanciones que incluyeron multas diarias y la suspensión de sus actividades en Brasil.
IMPLICACIONES
La disputa ha trascendido las fronteras brasileñas. En febrero de 2025, la empresa de medios de Donald Trump, en conjunto con Rumble, presentó una demanda en un tribunal federal de Florida contra Alexandre de Moraes.
La acusación sostiene que el juez ha violado las protecciones de libertad de expresión consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al intentar imponer censura sobre plataformas estadounidenses.
Este movimiento legal destaca las complejidades y desafíos que surgen cuando las decisiones judiciales nacionales impactan en empresas y derechos en otros países.
Si observamos superficialmente el núcleo de este conflicto, se podría argumentar que este reside en la delicada balanza entre combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión.
Mientras que las autoridades brasileñas, tanto la Suprema Corte como el gobierno de Lula, representadas por figuras como Alexandre de Moraes, argumentan la necesidad de regular el contenido para “mantener el orden público y la veracidad de la información”, las plataformas y sus defensores sostienen que tales medidas equivalen a censura y coartan el libre flujo de ideas.
Sin embargo, en un contexto en el que Trump es presidente de EE.UU. y el alineamiento de las Big Tech con MAGA, siendo Musk su punta de lanza, nos encontramos frente a una batalla geopolítica que tiene como objetivo defender los principios de la libertad de expresión en el mundo y la libre empresa, principalmente en la internet.
Pero al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. busca impactar y socavar los liderazgos del Sur Global, BRICS o como quieran llamarlos, que durante la administración Biden tuvieron mucha autonomía política e ideológica, principalmente hacia China.
Fuente El Cronista
