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El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el Real Decreto 163/2025, por el que se establecen los requisitos para ser beneficiario de las becas y ayudas al estudio para el curso 2025-2026 . Y con esta publicación, un año más, muchas familias de niños con hipoacusia vuelven a enfrentarse a la misma decepción: el Ministerio de Educación excluye a sus hijos . Entre ellos, un porcentaje importante de menores andaluces.
Es la denuncia que realiza la Confederación Española de Familias Personas Sordas , que constituye la mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en Andalucía. Desde el año 2020, el Gobierno insiste en limitar el acceso a las ayudas al estudio a solo aquellos alumnos que estén en posesión de un certificado con un grado de discapacidad igual o superior al 25% . Las familias y los especialistas critican que se aplique un baremo médico ajeno al ámbito educativo, que no tiene en cuenta las necesidades educativas del menor . En Andalucía , el 5,1% (71.664) del alumnado en centros ordinarios presenta algún tipo de Necesidad Educativa Especial (NEE) y se encuentran matriculados principalmente en Educación Primaria (39,8%), ESO (23,7%) y Educación Infantil (22,1%).
Las provincias con mayor número de alumnado con NEE en integración son fundamentalmente Sevilla con un 27,9% y Málaga con un 18,8%, les sigue Cádiz con un 13%. De todos ellos, el 1,2% son alumnos con necesidades auditivas , que precisan algún tipo de recurso de apoyo que aporta la Consejería de Desarrollo Educativo. Son niños que necesitan una prótesis auditiva para aprender.Alumnos con necesidades específicas especiales (NEE) en centros educativos ordinarios en Andalucía por provincia Observatorio de la infancia y la adolescencia de AndalucíaEl requisito asociado al grado de discapacidad deja al margen a estos niños usuarios de audífonos con sorderas bilaterales o con sorderas unilaterales; son alumnos que no llegan al nivel de discapacidad exigido pero que sí presentan necesidades educativas especiales reconocidas por lo que precisan recursos de apoyo como terapia de logopedia, psicopedagogía o psicología para poder desarrollar parte de sus destrezas. Unos recursos extraescolares que deben ser sufragados íntegramente por las familias .
Un criterio excluyenteLas asociaciones son tajantes en ello: exigir el grado de discapacidad es un criterio excluyente y margina a miles de familia s . Por ello, llevan años demandando la restitución del criterio que estuvo vigente hasta 2020: permitir que sean las administraciones educativas las que acrediten la presencia de esas necesidades especiales y que ello sea suficiente para ser beneficiario de las ayudas del Ministerio de Educación. Se eliminaría de esta forma, afirman, el criterio injusto y discriminatorio para un alto porcentaje de niños con sordera, opción que sí se contempla para otros grupos de alumnado con discapacidad que no están en posesión de un certificado de discapacidad.Gastos y ayudasEl gasto que supone para las familias las terapias que estos niños necesitan varía en función del diagnóstico, pero en el caso concreto de estos menores suele rondar entre los 3.000 y los 4.500 euros por curso. Un alumno con hipoacusia precisa de dos a tres horas de apoyo extraescolar a la semana que incluiría, dependiendo del caso, distintos tipos de terapias: logopedia, psicopedagogía o psicología, cada una de estas sesiones están establecidas en una tarifa de 35 euros/hora, según el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía y el Colegio de Psicólogos de Andalucía.
Un gasto que las familias asumen en solitario ya que sin el certificado de discapacidad están al margen de cualquier tipo de ayuda económica pública.Existen dos tipos de ayudas a los que se podrían adherir estos alumnos en caso de que las demandas del colectivo fueran atendidas por el Ministerio; una de ayuda al lenguaje y otra de ayuda pedagógica , ambas por un importe de 913 euros cada una. Los niños con sordera precisan ambas terapias, por lo que una familia podría acceder a una beca de 1.826 euros por curso , que recibirían tras la justificación mediante factura de cada uno de los servicios en los que se ha atendido al menor. Esta cuantía está congelada desde hace años y, en cualquier caso, no cubre la totalidad de los recursos que se necesitan.
Fuente ABC
