Salta, 8 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA –-El juicio contra una organización narcocriminal que operaba en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, reveló graves irregularidades en el Servicio Penitenciario provincial, según el testimonio del actual Director General, Enrique Torres. En la cuarta jornada del proceso, Torres confirmó ante el Tribunal de Juicio la existencia de beneficios indebidos otorgados a internos, así como fallas en los controles que permitieron el ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos.
Torres, quien se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario entre 2022 y 2023, detalló que a mediados de 2023 se detectaron anomalías en los trámites para otorgar beneficios a internos, como salidas transitorias, cambios de pabellón, informes correccionales favorables y visitas sin requisa. Estas irregularidades, señaló, involucraban a funcionarios como Francisco Bisceglia, de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, acusado de facilitar estos privilegios, además de permitir el ingreso de celulares, cargadores, alimentos, bebidas y estupefacientes. “Los rumores sobre estas maniobras fueron confirmados por el Departamento de Inteligencia, lo que llevó a derivar el caso a la Unidad de Delitos Económicos Complejos para una investigación imparcial”, explicó Torres, destacando las limitaciones estructurales del sistema interno para abordar un caso de esta magnitud.
El director también reconoció deficiencias en los controles de seguridad, atribuidas a la falta de tecnología adecuada y a requisas superficiales, a pesar de que el personal está instruido sobre los protocolos. “Las requisas no siempre son exhaustivas, y los ingresos ilegales se producen a través de visitas, lanzamientos desde el exterior o por el propio personal penitenciario”, admitió. Además, señaló que los objetos incautados, como “puntas” y cargadores encontrados en el escritorio de un jefe de pabellón durante un allanamiento en diciembre de 2023, no debían permanecer en dichas oficinas, sino ser retirados por la División Sumarios. Torres enfatizó que está expresamente prohibido que el personal reciba transferencias de dinero de familiares de internos, una práctica que también salió a la luz durante el proceso.
En la audiencia, investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) expusieron cómo, mediante un análisis de cuentas bancarias, billeteras virtuales e intervenciones telefónicas, identificaron al interno Manuel Méndez como el principal proveedor de drogas dentro del penal, con la complicidad de su madre, María Inés Méndez, quien le abastecía desde el exterior. Además, el oficial de UFINAR, Oscar Ruiz Córdoba, presentó un video que muestra a un jefe de pabellón, identificado como Luis Roberto Castaño, ingresando una bolsa blanca sin ser inspeccionada, evidenciando fallas en los controles de acceso.
El juicio, que se desarrolla en la Sala VII del Tribunal de Juicio bajo la presidencia de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, involucra a 20 acusados, entre ellos ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, por delitos de exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita. La investigación, iniciada tras denuncias anónimas en 2023, incluyó el análisis de más de 50 cuentas bancarias, 1.000 transferencias y 20 líneas telefónicas, además de 90 declaraciones testimoniales, según informó la Unidad Fiscal liderada por el procurador Pedro García Castiella.
El proceso, que prevé la declaración de más de 180 testigos, continúa este viernes con nuevas rondas de testimonios, mientras las pruebas presentadas subrayan la gravedad de una red de corrupción que operaba con complicidad interna y conexiones externas, afectando la integridad del sistema penitenciario salteño.
