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Por Nicolás J. Portino González
Los acontecimientos registrados en la jornada de ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación y dentro del recinto legislativo han sido un claro reflejo de una batalla cultural en plena transición. La violencia organizada, la utilización de grupos de choque y el intento de generar un clima de caos recuerdan episodios anteriores, como aquellos registrados durante la administración de Mauricio Macri, donde los disturbios en la vía pública llegaron a niveles de extrema violencia con la tristemente célebre jornada de las 14 toneladas de piedra.
Sin embargo, a diferencia de aquel entonces, en la actualidad no se cuenta con una estructura política y judicial que limite las acciones de las fuerzas de seguridad o que les impida actuar en cumplimiento de su deber. La ausencia de ciertos actores que históricamente condicionaron el accionar policial, entre ellos jueces permisivos y figuras políticas que socavaron la institucionalidad, abre una ventana de oportunidad para que el Estado retome el control del orden público de manera efectiva y sin interferencias ideológicas.
Un Congreso tomado por la descomposición.
Dentro del Congreso, la situación no fue diferente. Se evidenció la presencia de elementos organizados que, lejos de cumplir funciones legislativas, operaron como grupos de choque internos, alentando los desmanes y la violencia. En este contexto, la reaparición virtual a distancia de figuras históricamente vinculadas a la subversión y la violencia política, como Mario Firmenich, no hace más que confirmar que ciertos sectores buscan perpetuar la anarquía y la desestabilización como método de acción política.
Lo ocurrido dentro y fuera del Congreso no es un hecho aislado, sino una señal del cambio de paradigma que atraviesa el país. La estructura de control social tradicional del kirchnerismo, basada en el financiamiento de piqueteros y movimientos sociales organizados, ha sido progresivamente desmontada, lo que ha derivado en la contratación de nuevos actores para el enfrentamiento: barrabravas y elementos marginales dispuestos a generar caos a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, ni siquiera se trata de las facciones más estructuradas o estratégicamente organizadas, sino de los remanentes de un sistema en decadencia.
Cambio de era: una seguridad pública fortalecida y profesionalizada.
El momento actual exige medidas drásticas y firmes para consolidar este cambio de era. La seguridad pública debe ser fortalecida con decisiones claras y sin titubeos. Las fuerzas de seguridad necesitan un respaldo absoluto, tanto político como jurídico, para poder operar sin restricciones impuestas por jueces de dudosa moral o actores políticos con intereses contrarios a la estabilidad institucional.
Es imperativo un rediseño estructural del sistema de seguridad. Las fuerzas de seguridad no pueden continuar siendo un refugio laboral de último recurso, caracterizado por bajos estándares de selección y formación. Se requiere una profunda reforma que profesionalice a los efectivos, asegurando su idoneidad, capacitación continua y certificación de habilidades. No puede permitirse que el personal de seguridad esté compuesto por individuos con formación precaria o con vínculos con sectores que atentan contra la estabilidad del Estado.
Asimismo, el mando de las fuerzas debe estar exclusivamente en manos de expertos en seguridad, alejados de la injerencia política. La improvisación y el aprendizaje en el ejercicio de la función no pueden ser una opción. Es hora de establecer un sistema donde el liderazgo en materia de seguridad sea ejercido por profesionales formados, con sueldos acordes a su responsabilidad y con la autoridad necesaria para cumplir su labor sin condicionamientos externos.
Es ahora o nunca.
Este cambio de era representa una oportunidad única para resetear el sistema de seguridad en todos sus niveles. Con el respaldo político en su punto más alto dentro de la gestión actual, la ventana para tomar decisiones estratégicas se encuentra abierta, pero no lo estará por mucho tiempo. La urgencia de reorganizar y potenciar las fuerzas de seguridad no admite dilaciones.
Las fuerzas de seguridad deben ser optimizadas, refinanciadas y profesionalizadas de manera inmediata. Solo mediante una estructura sólida y eficiente se podrá garantizar el control del orden público y evitar que grupos organizados continúen utilizando la violencia como herramienta de presión política.
Señores de la política, el tiempo de la indecisión ha terminado. Es el momento de actuar con determinación. Es ahora o nunca. El enemigo debe ser desplazado, reducido y neutralizado en su máxima expresión. La estabilidad del país y el futuro de la seguridad pública dependen de ello.
