La jueza Karina Andrade libero 114 de los 118 detenidos a pesar de la gravedad de los desmanes en Congreso y el intento de desestabilización denunciado por el gobierno

Buenos Aires, 13 de marzo de 2025-Total News Agency -TNA- El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó este jueves como “una especie de golpe de Estado” a los violentos incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante una protesta que, según el gobierno, fue organizada por sectores del kirchnerismo, La Cámpora y otros movimientos políticos opositores. El funcionario advirtió que las fuerzas de seguridad continuarán reprimiendo este tipo de manifestaciones y criticó duramente a la Justicia porteña por liberar a la mayoría de los detenidos.

La protesta, que inicialmente se presentó como una marcha en defensa de los derechos de los jubilados, derivó en enfrentamientos entre barrabravas, militantes y efectivos policiales. Según Francos, el objetivo de los manifestantes era provocar una reacción de las fuerzas de seguridad para luego utilizarla políticamente. “Lo que vimos ayer fue una movilización organizada al grito de ‘Que se vayan todos’, utilizando la violencia como instrumento. En definitiva, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, declaró.

Disturbios y represión

El conflicto dejó un saldo de decenas de heridos entre manifestantes y policías, además de importantes daños materiales en la Ciudad de Buenos Aires, como contenedores incendiados y un vehículo policial destruido. Según Francos, los manifestantes portaban palos, armas blancas y “armas tumberas” con las que atacaron a las fuerzas de seguridad. “Este tipo de manifestaciones, cuando son violentas, van a ser reprimidas porque hay un protocolo que establece cómo deben desarrollarse: de forma pacífica. No vamos a permitir que se utilicen armas ni se generen destrozos en la Ciudad”, afirmó el jefe de Gabinete.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el accionar de las fuerzas y desmintió que la protesta tuviera una base legítima. “Jubilados prácticamente no había, era una presión de un sector de activistas políticos que buscaban generar caos. Fueron reprimidos como corresponde”, sostuvo Bullrich, quien descartó renunciar pese a las críticas recibidas.

Liberación de detenidos y críticas a la Justicia

De los 118 detenidos durante los disturbios, 114 fueron liberados en la madrugada del jueves tras una presentación de la Defensoría Pública ante el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade. En su fallo, Andrade argumentó que las detenciones afectaban derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, y desmintió que los detenidos hayan portado armas de fuego o participado en incendios de bienes públicos.

“No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar exacto ni las circunstancias de las detenciones. Se aludió de forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Esto dificulta la convalidación de las detenciones”, explicó la jueza en su resolución. También subrayó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y la libre expresión, siempre que se realicen dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, Francos cuestionó duramente la decisión judicial y señaló que la liberación de los detenidos dificulta el combate contra la violencia organizada. “Si se detienen a 140 personas y en pocas horas una jueza los libera argumentando que estaban defendiendo derechos, es muy difícil combatir estos actos. La ley debe aplicarse con mayor dureza”, sostuvo.

Detenidos aún bajo custodia

Según fuentes de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, cuatro personas permanecen detenidas. Tres de ellas fueron arrestadas por posesión de armas tumberas y cuchillos, mientras que la cuarta tiene un pedido de captura por una causa en Tucumán. Las autoridades trabajan en la identificación de otros responsables a través de filmaciones registradas durante los disturbios.

Un país dividido

El episodio ha profundizado las tensiones políticas en Argentina, con el gobierno denunciando intentos de desestabilización y sectores opositores cuestionando el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Mientras tanto, las imágenes de los enfrentamientos y los testimonios de los involucrados han generado un intenso debate sobre los límites del derecho a la protesta y la respuesta del Estado frente a los disturbios.

(Con información de fuentes oficiales y judiciales)