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Buenos Aires, 13 de marzo de 2025-Total News Agency – TNA- Los violentos incidentes registrados ayer frente al Congreso Nacional, durante una protesta contra el ajuste a los jubilados, han desatado una ola de acusaciones que vinculan a barrabravas de distintos clubes, agrupaciones kirchneristas, sectores propalestinos y referentes políticos como Cristina Kirchner y Luis D’Elía. La jornada dejó un saldo de 150 detenidos, decenas de heridos, destrozos millonarios y un debate abierto sobre la falta de medidas preventivas para desarticular estas organizaciones antes de los desmanes.
Una protesta que derivó en caos y violencia organizada
La marcha, convocada en “defensa de los jubilados”, rápidamente perdió su carácter pacífico y se transformó en un enfrentamiento entre grupos violentos y las fuerzas de seguridad. Según informes oficiales, barrabravas de clubes como All Boys,, vinculados a Luis D Elia, Chacarita, donde reina Luis Barrionuevo, Gimnasia, Tigre e Independiente participaron activamente en los disturbios. Estos grupos, que portaban armas blancas, “tumberas” y clavos para dañar vehículos policiales, protagonizaron enfrentamientos con la policía, quemaron contenedores y un patrullero, y dejaron un saldo de seis efectivos heridos. Claramente hubo una organizacion detrás de la “marcha” destina a la comisión de delitos.
Entre los manifestantes también se identificaron banderas de agrupaciones kirchneristas, sindicatos y movimientos de izquierda. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que estos sectores buscaban “voltear al gobierno” y que los incidentes fueron organizados desde municipios liderados por figuras del kirchnerismo, como Fernando Espinoza (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). La ministro aseguro que posee fotos de reuniones mantenidas en esos municipios. Muchos de los liberados por la jueza Karina Andrade tenia pedido de captura anterior, pero a la jueza no le importo. Es posible sea sometida a juicio político.
Cristina Kirchner y su histórica relación con los barrabravas
Las conexiones entre los barrabravas y el kirchnerismo no son nuevas. Durante su mandato, Cristina Kirchner defendió públicamente a estos grupos, calificándolos como un ícono de la pasión argentina. En un discurso de 2012, incluso elogió a un barrabrava de Boca por su “impecable desempeño político”. Estas declaraciones, sumadas a los vínculos de las barras con movilizaciones organizadas por el kirchnerismo, han alimentado las sospechas sobre su rol en los disturbios de ayer.
ElTerrorista jefe de Montoneros, Mario Firmenich, tambien convoco a la marcha
Mario Firmenich, exlíder de Montoneros, llamó a participar en la marcha de los jubilados y destacó el apoyo de las hinchadas de fútbol. En un video viral, afirmó que los jubilados son un sector desprotegido y resaltó la solidaridad de los hinchas. Además, instó a defender una jubilación digna, medicamentos y atención médica adecuada. Desde España, expresó su apoyo como hincha de Racing Club y respaldó la movilización frente al Congreso Nacional, en sintonia con los barras bravas e izquierda reaccionaria.
La barra de All Boys, D’Elía y los vínculos propalestinos
Otro foco de atención debería haber recaído sobre la barra brava de All Boys, conocida por sus antecedentes violentos y su relación con Luis D’Elía, quien los habría utilizado en movilizaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner, pagando por sus servicios, tal cual reconoció en audios vinculados a la causa por el memorándum con Iran. Además, esta barra mantiene vínculos con la mezquita At-Tauhid, en el barrio de Flores, liderada por Abdul Karim Paz, un referente de grupos propalestinos. Según investigaciones previas, incluso publicadas por Total News Agency, miembros de esta barra habrían tenido contacto con redes vinculadas al grupo terrorista Hezbollah.
Estos antecedentes generan interrogantes sobre la posibilidad de que los desmanes frente al Congreso hayan contado con apoyo logístico de sectores organizados, no solo en el ámbito político sino también en esferas internacionales con intereses desestabilizadores.
Si se hubiera dado participación previa a un fiscal federal, habría mas información para observar hacia atrás.
¿Faltaron medidas preventivas?
La participación de barrabravas, muchos de ellos con antecedentes por narcotráfico y violencia, plantea dudas sobre la falta de acciones judiciales previas a la protesta. Cabe preguntarse si no era posible realizar escuchas telefónicas o investigaciones más profundas para anticiparse a los desmanes y rastrear la organización detrás de los mismos. 25 de los liberados por la policia de la ciudad tienen antecedentes por violación reiterada a la Ley de Drogas, atentado y resistencia a la autoridad, infracción al artículo 183 por robo y arrebato, violación reiterada de la ley 451, hurto, atentado, daños y lesiones.
El gobierno ha señalado que revisará las filmaciones de los incidentes para identificar a los responsables, pero hasta el momento no se han anunciado medidas concretas para prevenir que estos grupos actúen nuevamente. Es notable la falta de acciones de inteligencia en materia de prevención del delito.
Reacción oficial y críticas a la Justicia
El gobierno de Javier Milei no dudó en calificar los hechos como un intento de desestabilización. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmó: “Lo que vimos fue una movilización organizada, con violencia como instrumento, que busca generar caos y deslegitimar al gobierno. No lo vamos a permitir”. Y a los ojos de este medio, sin duda el ministro esta en lo correcto, la pregunta es, ¿se podría haber evitado?. Hay una jubilada mal herida por la reacción de un policía, un periodista herido gravemente y también un policía.
Por su parte, Patricia Bullrich cuestionó duramente a la jueza Karina Andrade, quien liberó a la mayoría de los detenidos argumentando que las detenciones vulneraban derechos constitucionales. “El que va con una bomba molotov no está defendiendo derechos, está buscando desestabilizar. No aceptamos que liberen a los violentos”, sentenció la ministra con buen criterio.
Consecuencias y próximos pasos
El operativo dejó un saldo de 150 detenidos, de los cuales 114 fueron liberados. Entre los que permanecen bajo custodia, hay cuatro personas acusadas de portar armas y un extranjero con pedido de captura en Tucumán. Además, el gobierno anunció que presentará una ley antibarras para combatir a estas organizaciones violentas y sancionar a los clubes que colaboren con ellas.
Mientras tanto, los disturbios dejaron un costo estimado en $275 millones para reparar los daños en el mobiliario urbano. Diversos sectores políticos y sociales continúan debatiendo sobre las responsabilidades detrás de los hechos y la necesidad de medidas más firmes para prevenir futuros episodios de violencia, sobre todo cuando la participación de violentos fue anunciada con varios días de antelación.
