Buenos Aires, 15 de marzo de 2025-Total News Agency -TNA- La liberación exprés de 114 manifestantes por orden de la jueza Karina Andrade desató una fuerte respuesta del Gobierno, que la acusa de prevaricato y funcionalidad al delito. En paralelo, se prepara un operativo reforzado para la próxima marcha de jubilados, que promete ser aún más multitudinaria. La tensión política escala con acusaciones cruzadas entre el oficialismo, la oposición y referentes sociales.
Una denuncia que sacude al Poder Judicial
El próximo lunes, el Gobierno nacional presentará una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, tras su controvertida decisión de liberar a 114 manifestantes detenidos durante la marcha de jubilados frente al Congreso la semana pasada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lidera la ofensiva judicial acusando a la magistrada de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “prevaricato” y de ser “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
La decisión de Andrade, tomada en la madrugada del jueves, generó indignación en la Casa Rosada. Desde el Ministerio de Seguridad argumentan que la jueza actuó de manera negligente al liberar a los detenidos en menos de ocho horas, sin verificar pruebas ni antecedentes penales, en un contexto que calificaron como “complejo” por la magnitud de la protesta. Fernando Soto, director de legales de la cartera de Seguridad, fue más allá al señalar que Andrade “no aplicó la Ley” y que su fallo respondió a motivaciones políticas.
Por su parte, la jueza Andrade defendió su accionar, asegurando que su decisión se basó en la falta de información proporcionada por las autoridades sobre los motivos de los arrestos. “No se me informó sobre armas ni contextos delictivos claros. Actué con los datos que tenía”, explicó Andrade en declaraciones radiales. Además, destacó que priorizó el derecho constitucional a la protesta y señaló problemas logísticos relacionados con el alojamiento de los detenidos como otro factor que influyó en su resolución. “No había datos básicos sobre dónde serían alojadas estas personas”, afirmó.
Una marcha que dejó heridas abiertas
La manifestación del miércoles pasado frente al Congreso no solo dejó un saldo de 194 detenidos, sino también escenas de represión que generaron amplio repudio, como el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno mientras cubría la protesta. Este hecho aumentó la presión sobre el Gobierno, que ahora busca evitar que se repitan episodios similares en la próxima marcha convocada para el miércoles, que promete ser aún más masiva.
El viernes, Bullrich encabezó una reunión clave en sus oficinas con referentes de seguridad, entre ellos el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; y otros altos mandos de las fuerzas federales. Durante el encuentro, se acordó la creación de mesas de coordinación para mejorar la planificación del operativo y evitar los errores del despliegue anterior, que incluyeron falta de coordinación entre las fuerzas y un manejo ineficiente de los enfrentamientos. Sin duda, esta coordinacion debia haberse realizado hace tiempo. La SIDE como cabeza del aparato de inteligencia nacional debio haber presentado un programa de accion para actuar junto a la inteligencia criminal. Se debe pensar fuera de la caja.
Aunque no se incrementará significativamente el número de efectivos, el Gobierno planea un operativo más organizado, con un comando unificado que supervise todas las etapas: desde la inteligencia previa hasta la desconcentración. Se buscará acortar los tiempos de confrontación entre manifestantes y policías, aunque se mantendrá el uso de balas de goma y gases lacrimógenos si la situación lo requiere.
Acusaciones cruzadas y tensiones políticas
En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que la Justicia federal investigue la hipótesis de una “asociación ilícita agravada” detrás de los disturbios. La acusación apunta a “grupos organizados de barrabravas”, dirigentes de clubes de fútbol y referentes políticos, incluyendo a los intendentes peronistas Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). Según el Gobierno, estos dirigentes habrían promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos y desestabilizar al Ejecutivo.
Ambos intendentes rechazaron las acusaciones y cuestionaron la falta de pruebas presentadas por la Casa Rosada. En respuesta, el fiscal Franco Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad registros y documentación que respalden estas afirmaciones. Mientras tanto, sectores del peronismo, movimientos sociales y partidos de izquierda anunciaron su participación en la próxima marcha, aunque prometen mantener un perfil bajo para evitar provocaciones.
La ministra Bullrich, por su parte, endureció su postura al avanzar en regulaciones que buscan negar el derecho de admisión a los estadios a los barrabravas que participen en protestas. También trabaja en medidas para restringir beneficios sociales a quienes sean identificados en movilizaciones, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
El trasfondo político y las divisiones en el oficialismo
En el gabinete presidencial, las opiniones están divididas sobre cómo manejar la creciente tensión social. Mientras algunos funcionarios consideran que las protestas son parte de un intento deliberado de desestabilización, otros creen que un operativo eficiente puede evitar desbordes sin importar las intenciones de los manifestantes.
La próxima marcha será una prueba crucial para el Gobierno, que no solo enfrenta el desafío de garantizar la seguridad, sino también de contener el impacto político de las movilizaciones en un contexto de polarización creciente. En las encuestas, la imagen del Presidente ha registrado caídas significativas, aunque algunos analistas señalan que podría recuperarse si logra manejar con éxito la situación.
Por ahora, la estrategia del oficialismo parece centrarse en endurecer el discurso y reforzar los operativos de seguridad, mientras busca deslegitimar a los sectores opositores que se suman a las protestas. Sin embargo, el riesgo de nuevos incidentes y de una escalada de las tensiones sigue latente, dejando al Ejecutivo en una posición delicada frente a una sociedad cada vez más movilizada y crítica.
