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Con la liberación de todos los detenidos por la violencia y los desmanes causados la semana pasada frente al Congreso quedó expuesta la peligrosa inexistencia de Justicia en nuestro país, demolida desde hace largos años. Lo ocurrido el miércoles pasado con la jueza Karina Andrade, autora de tal liberación, no es un hecho aislado. Se ha repetido infinidad de veces. Es el resultado esperable de una larga descomposición de la Justicia. Esta descomposición es la consecuencia del garantismo zaffaronista, una escuela jurídica con fuerte impronta ideológica que tiende a la abolición del sistema punitivo, pero también es el resultado de la colonización del Poder Judicial producto del pacto de Kirchner con Verbitsky, un acuerdo que afianzó al primero en el poder a cambio de facilitar el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los años setenta y conceder el manejo de la política de los derechos humanos. Y para eso se quebraron los principios más básicos del derecho: el principio de legalidad, el de inocencia y el de irretroactividad de la ley; se declararon nulas leyes a través del Congreso (“Obediencia debida” y “Punto final”) y se afirmó que tales crímenes no eran pasibles de amnistías o indultos, en contra de lo dispuesto por los tratados internacionales incorporados a la Constitución. El veneno corrió pronto por toda la Justicia, se irradió a todos los fueros.
El garanto-abolicionismo y este gigantesco prevaricato, el más grande de la historia jurídica de todo Occidente, explican esta brutal tragedia que es la actual ausencia de Justicia. Pero la sociedad lo percibe. Por eso desconfía de los jueces. Lo que sucedió la semana pasada durante la violenta manifestación frente al Congreso se entiende a partir de este cuadro general.
Con una urgencia digna de mejores causas, la jueza Andrade dejó en pocas horas en libertad a 114 de las 118 personas aprehendidas, sin interesarse por averiguar si tenían antecedentes penales, como era el caso de muchos de ellos, sin tampoco tomarles indagatoria ni ordenar la identificación de los responsables a partir de las filmaciones. Los otros cuatro detenidos recuperarían la libertad poco después, aun cuando uno de ellos fue detenido con un arma tumbera en su mochila.
Pero la desidia no es atribuible solo a la jueza, sino también a los fiscales. No se vio a ningún fiscal que saliera a promover causas, pese a la flagrancia de los hechos, ni tampoco se los vio apelar o presentar denuncia alguna contra la jueza cuando se conoció su irresponsable decisión.
Similar negligencia demostró el Consejo de la Magistratura, que no intervino en este escándalo, y que está claro que no sirve para la función para la cual supuestamente fue creado, que es revisar la conducta de los magistrados y removerlos si es el caso. ¿Y qué decir de los jueces superiores de todo el país? Si, a través de la entidad que los nuclea, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, Jufejus, ellos cuestionaron, no a la jueza, sino al gobierno por hostigarla. Toda la maquinaria judicial demostró estar ciega frente a un hecho evidente. A la sociedad no le interesan las minucias políticas, sino que el sistema judicial funcione. Le interesa que, ante una demostración de brutalidad y vandalismo demencial como el que se vio, la Justicia solo mira para otro lado. Y todos hemos visto a través de las filmaciones con qué osadía actuaron los revoltosos, cómo destruyeron bienes, arrojaron piedras, provocaron incendios y hasta patearon policías y sus motos. Es algo evidentísimo que fue premeditado y que no tenía nada que ver con el reclamo que había motivado la manifestación. Hasta un ex terrorista como Mario Firmenich convocaba a la marcha. Por eso decimos que esta pústula que apareció con la marcha del miércoles pasado es la última demostración de que la Justicia ha sido demolida.
¿Qué ocurrirá con las próximas marchas si se elimina el principal factor de disuasión del delito que es la posibilidad de ser penado? La República, sin justicia, no es viable, y el proceso de su descomposición será inexorable.
Los detenidos fueron liberados con la excusa de la falta de pruebas. Es paradójico que hoy mismo haya cientos de militares que son mantenidos en las cárceles sin pruebas, con juicios fraudulentos y prisiones preventivas de hasta 17 años, por sólo haber estado en el lugar equivocado, y aquí se pidan pruebas cuando no son necesarias porque el delito era flagrante. Por eso, en vísperas del 24 de marzo, no viene mal recordar, contra todo eslogan ideológico, que justamente lo que no tenemos es memoria, verdad y, mucho menos, como se ve, justicia.
Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Mario A. Cabanillas, presidente del Centro de Estudios Salta.
Guillermo Jesús Fanego. Presidente de la Asociación de Abogados Latinoamericanos. .
Tomás Jorge Fox, coordinador de la Unión de Promociones.
Grl (R) José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados.
Contraalmirante VGM (R) Carlos María Ramiro, presidente del Foro de Almirantes Retirados.
Francisco Verna, presidente de la Unión del Personal Militar Asociación Civil.
Gustavo Breide Obeid, vicepresidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo.
María Cecilia Pando, presidente de la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.
Andrés Fernández Cendoya, presidente la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina.
