¿Un estado fallido? Desapariciones en México a manos del narcotráfico.

Teuchitlán, Jalisco, México, 23 de marzo de 2025. Total News Agency-TNA- El hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de “reclutamiento y exterminio” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha vuelto a encender el debate sobre las desapariciones forzadas en México. Este macabro descubrimiento, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, pone nuevamente en evidencia la magnitud de una crisis que sigue agravándose. Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, el país registra más de 120 mil desapariciones, una cifra alarmante que no deja de crecer año tras año.

Un incremento preocupante bajo el actual gobierno

Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre del año pasado, se han reportado 6,626 desapariciones, según estimaciones de Michael Chamberlin, investigador del Center for International Policy. Esto representa un aumento significativo respecto a la administración de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, donde el promedio diario era de 26 desapariciones, cifra que ahora alcanza casi 63 por día. Chamberlin señala que, aunque podría tratarse de una actualización de datos en el registro nacional, el número sigue siendo alarmante, tal cual informó DW. Sin embargo, este registro enfrenta críticas por su falta de precisión, retrasos en la publicación de datos y formatos complejos que dificultan el acceso a la información.

Fallas estructurales en las fiscalías y el sistema de justicia

Edgar Cortez, coordinador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), atribuye el aumento de desapariciones a múltiples factores, entre ellos la impunidad y la incapacidad de las fiscalías para realizar investigaciones efectivas. Las autoridades, según Cortez, no han analizado a fondo las causas del fenómeno, que van desde estrategias de terror implementadas por el crimen organizado hasta problemas sociales como la trata de personas y la violencia intrafamiliar. A ello se suma la complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos y la ausencia de políticas preventivas.

Chamberlin, por su parte, critica la postura histórica de los gobiernos mexicanos, que tienden a minimizar la problemática, culpando exclusivamente a los grupos criminales y desvinculando al Estado de su responsabilidad. Según el experto, esta actitud refleja una falta de interés en abordar el problema de manera integral, ya que requiere soluciones a largo plazo que trascienden los periodos gubernamentales.

Propuestas gubernamentales insuficientes y criticadas

Tras el escándalo generado por el descubrimiento en Rancho Izaguirre, el gobierno de Sheinbaum anunció varias medidas inmediatas, como la implementación de nuevos protocolos para actuar rápidamente en casos de desaparición. Sin embargo, expertos como Cortez señalan que estos protocolos ya existen desde 2018, pero no se aplican de manera efectiva. A pesar de un aumento presupuestal para la Comisión Nacional de Búsqueda, la falta de coordinación entre las 124 instituciones involucradas en el tema ha impedido avances significativos. Cortez atribuye esta ineficiencia a la presencia de equipos de trabajo “mediocres y politiqueros” que priorizan la apariencia sobre la construcción de políticas públicas sólidas.

Otra propuesta polémica de la actual administración ha sido clasificar las desapariciones como secuestros, lo que ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos. Esta medida, según los expertos, diluye la gravedad de un delito considerado de lesa humanidad y desvía la responsabilidad del Estado, algo que Cortez califica como una acción “regresiva y contraria al reclamo histórico de las familias de las víctimas”.

La lucha de las familias: un esfuerzo irrenunciable

A pesar de la falta de respuestas por parte del gobierno, los colectivos de familiares de desaparecidos siguen siendo la principal fuerza para mantener el tema en la agenda pública. Durante años, ni Claudia Sheinbaum ni López Obrador han recibido a estas organizaciones, e incluso el expresidente llegó a acusarlas de actuar en favor de intereses opositores. Sin embargo, su incansable búsqueda ha evitado que la problemática quede en el olvido.

Michael Chamberlin concluye que, aunque el Estado mexicano carece de un diagnóstico integral y de interés en resolver la crisis, la labor de las víctimas y sus familias ha sido fundamental para visibilizar estos crímenes de lesa humanidad, que continúan afectando a miles de personas en México.