La Autoridad Fiscal recomienda pasar a la sanidad pública a los nuevos mutualistas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes su análisis dentro del spending review sobre el sistema sanitario del mutualismo administrativo y ha detectado varias ineficiencias e ineficacias, por lo que recomienda una “progresiva incorporación” de los nuevos mutualistas a la sanidad pública. Sin embargo, se aconseja “la no incorporación del conjunto de mutualistas sin el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS)” porque las listas de espera empeorarían notablemente.

El informe recuerda que el sistema español de concierto privado sanitario para los funcionarios y sus familiares pagado por los presupuestos públicos es “una excepción singular” entre los países de nuestro entorno. El sistema de Muface, Isfas y Mugeju fue creado en la época franquista y permite a los funcionarios elegir entre una asistencia sanitaria pública y una concertada, pero financiada por la administración.

En concreto, el análisis de AIReF se basa en la “evidencia a través de la elección” de los mutualistas. Estudia sus preferencias y detecta que, aunque en el promedio del periodo analizado solo el 24% del total de mutualistas optaron por la provisión pública, el porcentaje se eleva hasta el 70% entre los que tienen episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema. Entre estas se incluyen tratamientos oncológicos y de sistema de diálisis. Para la AIReF esto indica que los procesos más complejos terminan en la sanidad pública a pesar del concierto y, de hecho, encuentra a través de una encuesta que los propios mutualistas que eligieron la privada terminan siendo atendidos en hospitales públicos si tienen patologías graves o mayores.

Además, según ha señalado Cristina Herrero, presidenta de la institución, ya hay una tendencia a la mayor elección de la sanidad pública por parte del 72% de los nuevos mutualistas, por lo que sostiene que “la propuesta de traspasar al SNS a los nuevos mutualistas viene avalada por las preferencias que ya están mostrando los nuevos integrantes“. No obstante, Herrero ha incidido en que “no estamos proponiendo una incorporación inmediata”, sino que recomienda hacer una consulta previa a los funcionarios durante los años que dure el próximo concierto, además de una mayor financiación del sistema de salud público. “Es imposible sin refuerzo previo”, ha señalado Herrero.

Esta derivación de los casos más graves y complejos a la pública convive con una mayor accesibilidad de los usuarios a algunos servicios sanitarios de medicina especializada. En concreto, esto se observa en dermatología, ginecología, traumatología y otras pruebas diagnósticas. Los mutualistas que están en el sistema privado acuden mucho más a estos servicios que los que están en la sanidad pública por las elevadas listas de espera.

En segundo lugar, el informe encuentra “importantes posibles ganancias de eficiencia en la modalidad privada” especialmente en el gasto farmacéutico, y detecta que los centros privados facturan a precios más elevados los fármacos respecto al SNS y, en algunos casos, “el coste incluso se duplica”, ha incidido Herrero. Según ha explicado José María Casado, director de la División de Evaluación de la AIReF, el coste por unidad de fármaco es mucho mayor en el sistema privado porque las aseguradoras pasan la factura de los fármacos a la administración independientemente de la prima que obtengan por prestar el servicio.

Esto deriva en que los incentivos para hacer eficiente el gasto farmacéutico “pueden ser inferiores”. También afecta el hecho de que la sanidad pública tiene un modelo de gestión de riesgos compartido que permite aprovechar su mayor dimensión para adquirir los medicamentos de una manera más económica que el mutualismo privado, de menor tamaño, y que el uso de medicamentos genéricos es inferior entre las aseguradoras.

En general, AIReF considera que el sistema actual “no es equitativo” porque actualmente genera que empleados públicos que hacen el mismo trabajo, pero son interinos o funcionarios tengan proveedores sanitarios distintos, lo que “rompe el principio de equidad horizontal”. Por ello, también proponen que el sistema mutualista pase a ser voluntario frente a la actual adscripción obligatoria. De esta manera, los funcionarios que renunciaran al sistema de mutualidad no habría aportación del Estado ni cotización de los funcionarios, por lo que se producirían ahorros. Actualmente, la aportación del Estado y la cotización se sigue produciendo, aunque el funcionario elija el SNS.

El Gobierno conocía el informe antes del nuevo concierto

Según ha detallado AIReF, el Ejecutivo ya conocía el informe publicado este lunes con los problemas de eficacia y eficiencia del sistema mutalista antes de ofrecer el último aumento de presupuesto para que las aseguradoras se sumen a Muface. En concreto, la licitación tiene un presupuesto para el nuevo convenio de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones más que el concierto vigente, y previsiblemente saldrá adelante con Asisa y Adeslas aunque DKV se retire. AIReF mandó al Gobierno un borrador en diciembre con el objetivo de que se pudieran incluir mejoras en la nueva licitación. “En el informe no iban a encontrar cuál es la prima óptima, pero sí podía condicionar el pliego”, ha señalado Herrero apuntando al gasto farmacéutico. El pliego finalmente no ha incluido ninguna de las recomendaciones factibles de hacer a corto plazo, según indican fuentes de la AIReF.

Fuente El Confidencial