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Por Nicolás J. Portino González
Han transcurrido cuatro décadas desde que, en abril de 1985, se iniciara el Juicio a las Juntas Militares en Argentina, un proceso que marcó un punto de inflexión en la historia nacional y que, a juicio de algunos sectores, sentó las bases de un paradigma judicial y cultural que hoy, en 2025, muestra sus grietas más profundas.
En este contexto, la siempre icónica declaración del General (R) Heriberto Justo Auel, prestada el 21 de marzo de 2014 ante el Tribunal Oral Federal N°1 y registrada en un video de casi tres horas, emerge -una vez más- como una pieza clave para comprender lo que muchos analistas militares consideran un error histórico: la criminalización de una guerra legítima y el ascenso de una narrativa pro terrorista que ha deformado la memoria colectiva.
Una cátedra desde el banquillo.
La exposición de Auel no fue una mera declaración judicial; fue una disertación magistral digna de un aula de estrategia militar. Con la precisión de un profesor emérito, el exjefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares desgranó el contexto geopolítico, doctrinal y operativo que enmarcó la lucha contrainsurgente de las Fuerzas Armadas argentinas entre 1970 y 1983. Su relato, cargado de referencias a la doctrina francesa de la guerra revolucionaria y a los decretos del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, no buscó excusarse, sino explicar una lógica que, según él, fue deliberadamente ignorada por los tribunales y la historiografía oficial.
Auel describió un escenario de “conflicto asimétrico” en el que el Estado enfrentó a un enemigo invisible: organizaciones como Montoneros y el ERP, cuya guerra de guerrillas —con atentados, secuestros y asesinatos— desestabilizó al país mucho antes del golpe de 1976. Citó el decreto 2772/75, que ordenó “aniquilar” a la subversión, como la piedra angular de una operación militar legalmente respaldada. “No éramos golpistas actuando por capricho; éramos soldados cumpliendo órdenes de un gobierno legítimo”, afirmó con contundencia, desafiando la narrativa que presenta a las Fuerzas Armadas como únicas responsables de la tragedia.
El juicio de 1985: el germen del desequilibrio.
Desde la perspectiva de un analista militar, el Juicio a las Juntas de 1985, lejos de ser un triunfo de la justicia, representó el inicio de una distorsión histórica. Si bien condenó a figuras clave del régimen, como Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, dejó intacta la responsabilidad de los actores civiles y políticos que diseñaron y avalaron la represión en democracia. Auel lo señaló con claridad: “¿Dónde están los juicios a los firmantes de los decretos? ¿Dónde la accountability de los ministros y legisladores que aplaudieron la mano dura?”. Este vacío selectivo, argumentó, abrió la puerta a un relato maniqueo que santificó a los subversivos y demonizó a los uniformados.
El general no escatimó críticas al proceso judicial posterior, que desde los años 2000 se intensificó con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Para él, estas causas —incluida la que lo llevó a declarar en 2014— son “improcedentes” por su falta de imparcialidad y por ignorar el contexto bélico. “Se juzga a los soldados como si hubieran actuado en tiempos de paz, mientras se absuelve a quienes pusieron bombas y mataron inocentes”, sentenció, aludiendo a lo que considera una justicia sesgada hacia un “paradigma pro terrorista”.
La doctrina militar bajo el microscopio.
Con un rigor casi académico, Auel explicó la adopción de la doctrina contrainsurgente, influida por la Escuela Francesa y adaptada al terreno argentino. Habló de “zonas de operaciones” y del rol pivotal del Batallón 601 de Inteligencia en la identificación de objetivos, defendiendo la necesidad de tácticas no convencionales frente a un enemigo que no respetaba las reglas de la guerra tradicional. “Era una lucha sin frentes, donde el terrorista se escondía entre la población civil”, afirmó, sugiriendo que las desapariciones y centros clandestinos —temas que evitó detallar— fueron consecuencias inevitables de esa dinámica. Esta visión, aunque incómoda para muchos, ofrece una lente analítica que los tribunales rara vez han considerado. Desde el punto de vista militar, el error no estuvo en la ejecución de la estrategia, sino en la falta de una campaña comunicacional que contrarrestara la propaganda subversiva, permitiendo que el relato del “genocidio” se impusiera en el imaginario colectivo.
40 años de vergüenza: un balance crítico.
A 40 años del Juicio a las Juntas, el testimonio de Auel resuena como un alegato contra lo que él llamó “una historia escrita por los vencedores morales”. En 2025, mientras Argentina lidia con una polarización creciente y una justicia que sigue procesando a octogenarios exmilitares, manteniendo detenidos muchos otros sin siquiera pruebas en su contra, su declaración plantea preguntas incómodas: ¿Fue el combate contra la subversión una guerra legítima o un exceso represivo? ¿Por qué las víctimas del terrorismo —militares, policías y civiles asesinados por la guerrilla— no ocupan un lugar en el discurso oficial?
Para casi cualquiera que se precie de ser “analista”…la respuesta es clara: el país ha vivido 40 años de vergüenza, no por los crímenes del pasado, sino por la incapacidad de juzgarlos con equilibrio. El ascenso del “paradigma pro terrorista”, como lo calificó Auel, ha convertido a los victimarios en héroes y a los defensores del orden en parias, un desequilibrio que, a su juicio, socava la cohesión nacional.
La declaración de Heriberto J. Auel no es solo un testimonio judicial; es un manifiesto que interpela a la Argentina del siglo XXI. Su exposición revela las fisuras de un sistema que prefirió la revancha a la reconciliación. A 40 años del Juicio a las Juntas, el debate sigue abierto: ¿fue justicia o fue venganza? Para Auel y quienes comparten su visión, la respuesta es inequívoca: fue el comienzo de una distorsión que hemos vuelto a pagar más de la cuenta.
