Buenos Aires, 2 de abril de 2025-Total News Agency-TNA- La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido reabrir una causa relacionada con un contrato de Aerolíneas Argentinas con la empresa Sol, firmado en 2015 durante la gestión del kirchnerista Mariano Recalde, actual senador nacional por Unión por la Patria. Este contrato, que asciende a 58 millones de dólares, había sido archivado previamente tras un fallo de la Cámara Federal que dictó el sobreseimiento de los ejecutivos de Sol.
La denuncia original fue presentada por el exdiputado nacional de la UCR de Formosa, Martín Hernández, pero la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente por “inexistencia de delito”. Sin embargo, los imputados apelaron esta decisión, buscando que se formalizara su sobreseimiento. En 2024, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, y la disidencia de Martín Irurzun, aceptó esta apelación y dictó los sobreseimientos.
La fiscalía intentó reabrir la causa, pero la Cámara había aclarado que el debate se centraba en si el expediente debía ser archivado o si los acusados tenían derecho al sobreseimiento, lo que finalmente se resolvió a favor de estos últimos. Sin embargo, la intervención de la Cámara Federal de Casación ha cambiado el rumbo del caso. Con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, se revocó el fallo anterior y se ordenó a Capuchetti continuar con la investigación.
El juez Carbajo, en su voto, destacó que la denuncia incluye delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública, malversación de caudales y peculado. La fiscalía había señalado provisionalmente a Mariano Recalde y Horacio Gabriel Angeli como implicados, solicitando informes a la Administración Nacional de la Aviación Civil, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Transporte.
Carbajo también obtuvo los contratos en cuestión y encargó un peritaje para evaluar la razonabilidad del convenio de 58.236.000 dólares por cuatro años entre Aerolíneas y Sol. En su análisis, el juez observó que no se habían convocado a fuentes mencionadas en la denuncia ni se habían realizado allanamientos u otras medidas de prueba pertinentes.
El magistrado afirmó que “se han precisado datos que revelan incógnitas no despejadas” y que “faltan realizar diversas medidas de prueba que podrían resultar idóneas”. Consideró que los sobreseimientos “encubren argumentalmente una situación de incertidumbre respecto de los hechos denunciados”, lo que implica que su fundamentación es solo aparente.
El juez enfatizó que “el sobreseimiento resulta incompatible con la duda, máxime cuando ella proviene de una incompleta investigación”. Su colega Barroetaveña coincidió con este enfoque, mientras que Hornos añadió que en casos de corrupción, los jueces deben actuar con una “reforzada debida diligencia”.
El Estado, según Hornos, debe maximizar sus esfuerzos para cumplir con la manda constitucional de alcanzar una verdad jurídico-objetiva que garantice un adecuado servicio de justicia y fortalezca las instituciones dedicadas a esta tarea, recordando también los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción.
La denuncia inicial apuntaba a un supuesto sobreprecio del 80% en el contrato con Sol. Se argumentó que Aerolíneas había acordado un pago mensual en dólares equivalente a 210 horas de vuelo, más el costo del combustible, por el alquiler de seis aviones de la firma. Según el denunciante, Sol habría generado ganancias de alrededor de 70 millones de pesos. Por su parte, Recalde ha defendido la legalidad de los acuerdos, argumentando que resultaron beneficiosos para Aerolíneas.
