Buenos Aires, 19 de abril de 2025. Total News Agency-TNA- En un giro “karmatico” de los acontecimientos, la expresidenta Cristina Kirchner enfrenta no solo la condena penal de seis años de cárcel por corrupción, sino también un reclamo civil que podría costarle unos 1125 millones de dólares. Este expediente, que tramita en la justicia civil, se centra en los presuntos actos de corrupción durante su gobierno y está siendo impulsado por la Dirección Nacional de Vialidad.
Sin embargo, el avance de esta causa se ha visto sorprendentemente frenado por el juez Alfredo Silverio Gusmán, quien, en un incidente reciente, evitó votar, generando sospechas sobre su imparcialidad. Esta situación ha llevado al presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Alberto Antelo, a presentar una denuncia ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, buscando sanciones para Gusmán, incluso la posibilidad de un juicio político.
El caso, que data de 2018, se originó bajo la dirección de Javier Iguacel, quien presentó la demanda por daños y perjuicios debido a las licitaciones amañadas que favorecieron a Lázaro Báez en las obras de Santa Cruz. A pesar de que el monto inicial de la demanda ascendía a 22.500 millones de pesos, el equivalente a 1125 millones de dólares, la inacción del área jurídica de Vialidad ha generado preocupación sobre el futuro del expediente.
En este contexto, la falta de actividad por parte de los letrados de Vialidad Nacional ha sido calificada como “inexplicable” por fuentes judiciales. El reclamo se encuentra estancado, y si la situación persiste, corre el riesgo de caer en la prescripción, lo que obligaría al Estado a presentar una nueva demanda.
La situación se complica aún más por el vínculo de Gusmán con el kirchnerismo, a través de su relación con Juan Martín Mena, un abogado cercano a Cristina Kirchner, lo que ha suscitado dudas sobre su objetividad. En este sentido, la Dirección Nacional de Vialidad no ha mostrado avances significativos en el expediente, que aún no ha llegado al Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla.
El juicio civil representa una contrapartida al juicio penal, donde la justicia ya ha impuesto una multa de 84.835 millones de pesos a Kirchner, además del decomiso de fondos. Si se confirma la condena penal y se falla en su contra en esta causa civil, la expresidenta deberá enfrentar ambas sanciones.
El juez Gusmán ha desestimado un planteo de caducidad de la instancia presentado por Kirchner, quien argumentó que la causa había estado inmovilizada. Sin embargo, Vialidad ha defendido que hubo presentaciones que interrumpieron dicho plazo. En medio de este tira y afloja judicial, la causa permanece en un limbo, con el juez Gusmán sin firmar la resolución correspondiente.
Antelo, al sentirse frustrado por la falta de acción de Gusmán, ha llevado la situación al Consejo de la Magistratura, denunciando que la retención de votos y la negativa a suscribir digitalmente el expediente constituyen una obstrucción a la justicia. “No se trata de un mero atraso, sino de una conducta ambivalente que obstaculiza el funcionamiento del Tribunal”, afirmó.
Este entramado judicial pone de relieve la complejidad de la situación de Cristina Kirchner, quien no solo se enfrenta a la justicia penal, sino también a un sistema civil que, por el momento, parece estar en un estado de parálisis.
TNA
