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Buenos Aires, 12 de Mayo 2025 -Total News Agency-TNA- Tras casi dos décadas de lo que diversas voces calificaron como una sistemática persecución política, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó de forma unánime el sobreseimiento del reconocido juez federal de Mar del Plata, Pedro Hooft, cerrando definitivamente una causa que se consideraba instrumentalizada con fines de “colonización” del Poder Judicial. Este desenlace pone fin a 19 años de improcedentes e injustas acusaciones contra un magistrado de probada trayectoria.
El máximo tribunal del país declaró inadmisible el recurso de queja que había sido interpuesto por la querella, conformada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Fiscalía General ante la Casación y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. La decisión se fundamentó en la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que faculta a la Corte a rechazar recursos extraordinarios mediante la sola invocación de dicha norma, cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales, carentes de trascendencia o no configuren un agravio federal suficiente.
La causa contra el magistrado había sido iniciada en 2006, impulsada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde. Las acusaciones imputaban al juez Hooft haber sido cómplice del último gobierno militar y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad en el contexto de la trágica “Noche de las Corbatas” de 1977, que resultó en la desaparición de abogados.
Este caso se enmarca, según amplios sectores, en un patrón de persecución judicial mediante el “armado de causas” dirigido contra funcionarios judiciales federales que, en el ejercicio de sus funciones, actuaron contra miembros de organizaciones armadas de la década de 1970. Entre los casos más destacados de este presunto hostigamiento se mencionan el del doctor Jaime Smart, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, y el del doctor Guillermo Rivarola, reconocido magistrado del fuero penal. Se estima que más de 60 magistrados y fiscales han sido objeto de este tipo de acciones por supuestos casos de lesa humanidad ocurridos hace casi medio siglo.
El juez Hooft, cuya conducta ha sido calificada como “intachable” y reconocida tanto a nivel local como internacional, ya había sido sobreseído en 2014, siete años después de iniciada la “vil causa” contra su persona. En aquella oportunidad, ocho de los diez integrantes del jurado de enjuiciamiento fallaron a su favor, ratificando una previa declaración de inocencia respecto de los graves hechos que se le imputaron por parte de un tribunal anterior.
Tras conocerse la noticia de aquel sobreseimiento en 2014, un amplio abanico de funcionarios judiciales, dirigentes políticos, legisladores de la época y uno de los abogados defensores de Hooft, el también “intachable” exfiscal Julio César Strassera, celebraron la decisión judicial. Calificaron la arremetida contra el magistrado como una “verdadera persecución kirchnerista”. Strassera fue categórico al afirmar que la acusación constituyó una “verdadera canallada”, enmarcada en la estrategia del kirchnerismo de “querer echar a funcionarios dignos para colonizar el Poder Judicial”.
Hace 11 años, tras aquella absolución, también manifestaron su solidaridad con el juez Hooft representantes del gremio de los trabajadores judiciales, miembros de la Federación Argentina de la Magistratura, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados, entre otras tantas voces que se alzaron contra lo que consideraron un constante ataque del kirchnerismo contra las instituciones de la República y de sus integrantes más probos. Denunciaron la promoción de “falsas acusaciones” con el único fin de sustentar un “relato parcial y revanchista” que, por todos los medios, se intentó imponer respecto de aquellos “atroces años de plomo”.
Como hemos señalado desde este espacio desde el principio de la causa contra el juez Hooft, su caso es, a todas luces, un ejemplo paradigmático de persecución política en nombre de los derechos humanos. Un discurso que el kirchnerismo enarboló enfáticamente recién a partir de 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su “maniquea visión”. Fueron víctimas de este “brutal ataque”, entre otros, la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, el Poder Judicial, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas que, en su condición de jóvenes militares, enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país.
La decisión de la Corte Suprema no puede más que ser celebrada. La Justicia, aunque con una lentitud que se extendió por casi dos décadas, ha sido finalmente justa en el caso del juez Pedro Hooft. Este fallo subraya la importancia de la independencia judicial y la necesidad de que los gobernantes actúen con apego a la verdad y la justicia, evitando la invención de acusaciones, la siembra de división y la obtención de rédito político de hechos sumamente desgraciados que aún hoy causan profundo dolor en la sociedad argentina.
