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Buenos Aires, 22 de abril de 2025 – Total News Agency – TNA- En la madrugada del domingo, un grupo de encapuchados llevó a cabo un violento ataque incendiario contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue en la región del Biobío, al sur de Chile, destruyendo 52 vehículos. Este acto de sabotaje ha sido condenado por la Embajada de China en Santiago, dado que la central es propiedad de una filial de China International Water & Electric Corp. La embajada ha exigido una investigación exhaustiva y medidas de seguridad más estrictas.
El general Renzo Miccono, jefe de Zona de Carabineros en Biobío, informó que los atacantes armados irrumpieron en el recinto alrededor de las 2:30 a.m., amenazando a cuatro guardias de seguridad, dos de los cuales sufrieron lesiones leves. Los agresores incendiaron la maquinaria presente, en un acto que parece estar vinculado a las tensiones territoriales en la región.
Este ataque se produjo tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que el 3 de abril desestimó recursos legales contra la construcción del proyecto. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental y la supuesta falta de consulta a las comunidades indígenas habrían sido determinantes, pero no justifican la violencia ejercida.
La región del Biobío, parte de la conflictiva Macrozona Sur, ha sido testigo de repetidos ataques incendiarios en el contexto de un prolongado conflicto territorial entre comunidades mapuche y el Estado chileno. Un incidente similar ocurrió el 7 de abril, reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), un grupo que ha adoptado tácticas extremas.
En respuesta, el gobierno chileno ha decidido aplicar una normativa antiterrorista para investigar los hechos. El presidente Gabriel Boric condenó enérgicamente el atentado y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia. La empresa Rucalhue Energía SpA ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades para identificar a los culpables y fortalecer las medidas de seguridad.
En Argentina, los incendios en la región chilena de Biobío podrían tener un impacto indirecto, aumentando las tensiones fronterizas y complicando las relaciones bilaterales. Estos incidentes podrían afectar la percepción de seguridad regional, influyendo negativamente en la inversión y la economía en sectores como el forestal y turístico. Existe preocupación de que estos eventos inspiren acciones similares por parte de grupos autodenominados mapuches en Argentina.
Desde la llegada de Javier Milei al poder, el gobierno argentino ha adoptado una postura más firme. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ha sido declarada organización terrorista, acusada de estar detrás de varios incendios y diferentes crímenes en la Patagonia. Esta designación refleja un reconocimiento de la amenaza que representan estos grupos extremistas, y ha generado un debate sobre cómo abordar sus reivindicaciones territoriales.
Recientemente, el gobierno argentino revocó la cesión de miles de hectáreas en Mendoza que habían sido entregadas a grupos mapuches durante la administración kirchnerista. Esta decisión, aunque controversial, busca reafirmar el control estatal sobre tierras estratégicas y responde a la necesidad de enfrentar de manera decidida las actividades de grupos que han optado por la violencia.
Las autoridades han anunciado nuevos desalojos de comunidades mapuches en diferentes regiones, reflejando la determinación del gobierno de Milei de no tolerar actividades que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Esta estrategia busca desmantelar la estructura de apoyo que estos grupos han utilizado para justificar sus acciones violentas. El fortalecimiento de estos grupos extremos en Chile, podría repercutir negativamente en Argentina
