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Buenos Aires, 9 de mayo de 2025 – Total News Agency (TNA)- La Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la detención de ocho militantes del partido Evolución, liderado por Lucille “Lula” Levy, en un incidente que ha desatado una ola de críticas y comparaciones con episodios oscuros de la historia argentina. Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 27 años, realizaban una actividad de campaña en el barrio de Belgrano, donde se desarrollaba un acto oficialista encabezado por el candidato Javier Milei.
Los militantes se desplazaban en una camioneta equipada con altavoces que reproducían sonidos de tos, una estrategia simbólica destinada a criticar las políticas del gobierno actual y la irritación mostrada por Milei en debates anteriores. Al llegar a Blanco Encalada al 1500, un agente de la PFA solicitó la documentación de los ocupantes, lo que resultó en una retención que se extendió por aproximadamente tres horas en plena vía pública. Este operativo, realizado por la Unidad Antiterrorista, dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ha suscitado en redes preocupaciones sobre la libertad de expresión y el uso desmedido de la fuerza.
Uno de los momentos más inquietantes del operativo fue cuando, tras la difusión del caso en redes sociales, los documentos fueron devueltos a los militantes, pero al intentar retirarse, un oficial de policía los detuvo nuevamente, alegando la intervención de un juzgado. Florencia Barros, vocera del grupo, expresó su indignación: “Nos decían que no estábamos detenidos, ni demorados, pero no nos dejaban ir”. Finalmente, fueron liberados en las primeras horas de la noche, pero no sin antes haber experimentado una situación que muchos consideran una clara violación de sus derechos.
La actuación de la Unidad Antiterrorista ha sido duramente criticada, por Lousteau y un memorioso recordó a Total News Agency algunos hechos del POC (Protección al Orden Constitucional) implementado durante el gobierno de Raúl Alfonsín en los años 80. Esa política, que buscaba mantener el orden en un contexto de inestabilidad política, se caracterizó por la persecución de jóvenes militantes de diversas ideologías, incluidos, con pasión, aquellos de derecha. En ese entonces, la represión alcanzó niveles alarmantes, con casos notorios como el de un joven apellidado Vera, quien fue perseguido y “fusilado” en confuso episodio por bandas “parapoliciales” bajo el mando del ex comisario Carlos Gallone. Tambien fueron detenidos periodistas de nota tras declarar estado de sitio. Este mismo Gallone es recordado en la icónica fotografía de 1980, donde un oficial de la policía federal abraza a una de las Madres de Plaza de Mayo, simbolizando un momento de curioso para la época. El POC de Gallone, también es recordado por haber intentado detener en varias oportunidades a quienes manejaban una radio FM de corto alcance que difundía situaciones que enojaban a Alfonsín. En aquellos años las FM aun no tenían regulaciones claras y esta en particular, era móvil.
El eco de estas memorias resuena en el presente, donde la detención de los militantes de Lula Levy ha sido vista como un intento de intimidación en un contexto electoral ya de por sí polarizado. La candidata Levy afirmó que este tipo de acciones son un “mensaje de intimidación” en vísperas de un proceso electoral crucial para el gobierno, mientras que el senador Martín Lousteau subrayó la gravedad de la situación, señalando que “esto es un claro ataque a la democracia, a la libertad de expresión, de participación y de elección”.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical también se pronunció enérgicamente contra la detención, exigiendo explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un comunicado oficial, la UCR instó al gobierno a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, advirtiendo sobre el peligro de normalizar tácticas represivas en un contexto democrático.
La tensión entre las fuerzas del orden y los militantes políticos se intensifica en un clima electoral marcado por la polarización y la desconfianza. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos fundamentales que deben ser protegidos, especialmente en un momento en que la historia reciente de Argentina todavía deja huellas profundas en la memoria colectiva.
