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Ciudad de México, 16 de mayo de 2025-Total News Agency-TNA-La Administración Trump ha comenzado a aplicar restricciones de visa y otras sanciones a destacados políticos mexicanos, presuntamente vinculados al narcotráfico y la corrupción. Esta medida, confirmada por funcionarios del gobierno estadounidense, marca un endurecimiento significativo de la presión sobre México.
Hasta el momento, dos figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de estas restricciones, ya que la Administración trabaja con una lista de varias decenas de figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y seguridad como vinculadas al narcotráfico.
La lista incluye a líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, a varios gobernadores estatales y a políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron bajo condición de anonimato funcionarios estadounidenses.
La gobernadora del Estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya confirmó que a ella y a su esposo, un exdiputado, se les revocaron las visas estadounidenses debido a “una situación” relacionada con su cónyuge. “El hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo”, dijo en una rueda de prensa el lunes. Sheinbaum afirmó que su Gobierno solicitó a las autoridades estadounidenses una explicación sobre la revocación de la visa de Ávila, pero que le respondieron que son temas privados y no ofrecieron más información.
Estas acciones suponen un nuevo desafío político para la presidenta mexicana y su partido de izquierda. A pesar de la histórica sensibilidad de México ante cualquier indicio de injerencia estadounidense, Sheinbaum ha fortalecido hasta ahora su apoyo interno al reafirmar la soberanía mexicana en sus conversaciones con el presidente Donald Trump y, al mismo tiempo, ha accedido a sus demandas de actuar contra los principales narcotraficantes.
Medios mexicanos reportaron que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, una afirmación que su portavoz calificó como “no confirmada”. Villarreal ha sido acusado en repetidas ocasiones de tener vínculos con el narcotráfico, algo que ha negado. El mes pasado, al alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado fronterizo, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él también negó que le quitaran oficialmente su visa.
Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar estas decisiones, al señalar que los registros de visas son confidenciales, según la ley estadounidense.
Tres funcionarios de la Administración señalaron, sin embargo, que estas revocaciones de visas podrían ir acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impidan a los afectados hacer negocios con empresas estadounidenses y congelen sus activos financieros en el país. Un vocero del Tesoro declinó hacer comentarios sobre el plan de sanciones. De momento, la gobernadora de Baja California ha indicado que no tiene cuentas bancarias en el país vecino y que no se enfrenta a ninguna sanción.
Cuando Trump impuso aranceles a México a principios de marzo, afirmó que el Gobierno mexicano había otorgado “refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar narcóticos peligrosos, lo que ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses”.
Como parte de lo que describió como una lucha total contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la Administración del presidente republicano ha designado a algunos de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha explorado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra ellos, según los funcionarios consultados.
La revisión sobre la corrupción vinculada al narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a agencias de seguridad e inteligencia sobre políticos, funcionarios gubernamentales y militares mexicanos con vínculos criminales.
Los funcionarios indicaron que el grupo ha estado elaborando la política de seguridad con México bajo la dirección del asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury. Al mismo tiempo, el grupo está supervisado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Un portavoz de la Casa Blanca no quiso comentar sobre el papel del grupo en la imposición de las sanciones de viaje. Un funcionario familiarizado con la lista del equipo señaló, no obstante, que coincide en parte con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos compilado por investigadores de la DEA en 2019, después de que López Obrador comenzara a restringir la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas.
Ese trabajo buscaba identificar a funcionarios del Gobierno mexicano que pudieran ser procesados penalmente por ayudar a narcotraficantes, lo que condujo a la acusación en 2019 del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su condena por cargos de narcotráfico cinco años después en una corte federal de Nueva York.
Los dos exfuncionarios de la DEA en Ciudad de México que supervisaron la creación de esa lista, Terrance Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas de algunos de los políticos mencionados. Los diplomáticos estadounidenses de más alto nivel, sin embargo, rechazaron entonces esa propuesta. Actualmente, Cole espera la confirmación del Senado como nuevo director de la DEA bajo la Administración Trump.
Algunos funcionarios actuales y anteriores expresaron su preocupación por el nuevo plan encabezado por la Casa Blanca. Señalaron que la carga de prueba requerida para cancelar visas y aplicar sanciones del Tesoro es mucho menor que la de un juicio penal, lo cual podría llevar a que se actúe con información que no sea completamente sólida.
Los funcionarios afirmaron que estas medidas se están tomando bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que un extranjero puede
