Buenos Aires, 16 de mayo de 2025-Total News Agency-TNA–En un movimiento de alto impacto para el sector agropecuario, el Gobierno nacional desreguló el mercado de productos veterinarios, con el objetivo explícito de terminar con décadas de sobreprecios y trabas a la competencia, particularmente en el caso de la vacuna contra la fiebre aftosa. La medida, oficializada mediante la Resolución 333/25 del Senasa, autoriza la importación inmediata de insumos aprobados en países con estándares sanitarios equivalentes y elimina barreras regulatorias que favorecían a un grupo reducido de laboratorios locales.
La decisión se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, y fue respaldada públicamente por los funcionarios clave detrás de la norma: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“El nuevo sistema reduce significativamente los plazos de aprobación: antes se demoraba dos años; ahora el tiempo de espera tendrá un máximo de 90 días hábiles administrativos”, destacó Caputo en sus redes sociales. Además, señaló que “se espera un impacto inmediato en la reducción de los costos de productos estratégicos como la vacuna contra la fiebre aftosa, que en Argentina cotiza a 1,20 dólares por dosis, mientras que en países limítrofes como Paraguay y Uruguay su valor ronda los 0,37 y 0,50 dólares, respectivamente”.
Por su parte, Sturzenegger fue aún más enfático al describir lo que calificó como un “modelo de la casta” que durante años impidió el ingreso de competencia real al mercado. “Desde 2001, Argentina exigía una vacuna tetravalente, con dos cepas que ya no circulan en el mundo y que sólo tenía un laboratorio local. Así se bloqueaba la competencia y se generaba un sobreprecio escandaloso”, denunció. Y detalló: “Ese mismo laboratorio vendía en Paraguay la misma vacuna a 35 centavos de dólar, mientras acá la cobraba 1,20 dólares. Multiplicado por 100 millones de dosis al año durante 25 años: hagan las cuentas”.
El proceso se aceleró tras una denuncia presentada por la empresa Tecnovax y la Sociedad Rural del Sur de Salta ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que concluyó que el marco regulatorio vigente limitaba injustificadamente la competencia. Entre las restricciones señaladas, figuraban la exigencia de pruebas costosas y obsoletas, el no reconocimiento de certificaciones internacionales y la estructura cerrada de los entes sanitarios que monopolizaban la aplicación de vacunas.
La CNDC recomendó eliminar el requisito de que los entes sanitarios sean personas jurídicas sin fines de lucro, abrir el juego a veterinarios y sociedades comerciales habilitadas, y terminar con los monopolios por zonas geográficas. También sugirió derogar la normativa que fijaba aranceles obligatorios, permitiendo que sean definidos libremente por acuerdo entre partes.
“El cambio no solo habilita la importación de vacunas ya validadas en otros países, sino que también impulsa una competencia genuina en la aplicación, lo que derivará en una baja significativa del costo final para el productor”, explicó Caputo.
Aunque aún no se registraron reacciones públicas de los laboratorios que hasta hoy controlaban el mercado, la medida representa un golpe directo a un esquema de privilegios consolidado durante los gobiernos anteriores. Desde el oficialismo aseguran que esta desregulación “le devuelve 100 millones de dólares al año a los argentinos” y marca el fin de “una historia de prebendas sostenidas en el tiempo con complicidad política”.
“Es una batalla ganada contra las reglas impuestas durante el kirchnerismo, que protegieron a sectores corporativos en detrimento del productor y del consumidor”, concluyó Sturzenegger. El gobierno espera que los primeros efectos de esta apertura se vean reflejados en la campaña de vacunación de 2026.
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