Buenos Aires, 21 de mayo de 2025 – Total News Agency – TNA – El Gobierno nacional resolvió este martes la eliminación formal de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el órgano creado para indagar los presuntos vínculos entre el Poder Ejecutivo y la promoción del criptoactivo \$LIBRA, en medio del escándalo que involucró al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Estado y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según el texto, la UTI “ha dado cumplimiento a la labor encomendada”, en alusión al mandato original conferido por el Decreto 114/25 en febrero pasado.
La unidad había sido creada tras la repentina suba y caída del valor del token \$LIBRA, cuya promoción en redes por parte del Presidente generó sospechas de manipulación de mercado y denuncias penales. Usuarios aseguraron haber sido víctimas de una estafa luego de que billeteras virtuales asociadas al proyecto vendieran grandes volúmenes del criptoactivo, provocando su desplome inmediato.
Según indicó el Ejecutivo, la información recabada por la UTI fue remitida al Ministerio Público Fiscal, y no hay nuevos elementos que justifiquen su continuidad.
Entre sus funciones, la UTI estaba facultada para requerir documentación a organismos del Estado, recibir pedidos judiciales, convocar expertos y denunciar intentos de encubrimiento de pruebas. Durante su funcionamiento, la unidad también documentó encuentros oficiales entre el Presidente y representantes de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto, quienes plantearon desarrollar un esquema de financiamiento privado basado en blockchain bajo el nombre “Viva la Libertad Project”.
El escándalo derivó, además, en la creación de una comisión investigadora especial en la Cámara de Diputados, integrada por 28 legisladores, aunque hasta el momento no se ha puesto en marcha formalmente. El pasado 14 de mayo estaban citados Cúneo Libarona y el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ambos no concurrieron a la sesión.
Con la disolución de la UTI, el Gobierno da por cerrada su actuación administrativa sobre el caso \$LIBRA, mientras la causa penal continúa abierta en el ámbito judicial.
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