En un nuevo intento por reducir la burocracia estatal, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, anunció la derogación del régimen informativo para compras con tarjetas personales, que obligaba a las administradoras de tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales a reportar las compras personales de los ciudadanos.
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Hasta ahora, cada operación realizada con medios de pago electrónicos quedaba registrada y era automáticamente enviada a los sistemas de ARCA como parte de un control fiscal. Sin embargo, con la resolución que entrará en vigencia en los próximos días, esta obligación quedará sin efecto.
“Desde ahora, el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada”, señaló Pazo, quien destacó que el objetivo es “simplificar la vida y dar más libertad” a los contribuyentes.
Derogaciones
El titular de ARCA fue el encargado de detallar las reformas técnicas del plan. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Eliminación de regímenes informativos que obligaban a reportar consumos con tarjetas, billeteras virtuales, compras de autos usados, publicaciones inmobiliarias y pagos de servicios públicos.
Fin del “Citi de los escribanos”, que exigía reportes de todas las operaciones notariales.
Prohibición a los bancos de exigir declaraciones juradas como condición para operar con sus clientes. Si alguna entidad lo hace, el usuario podrá rechazarlo y recurrir a Defensa del Consumidor.
Nuevos umbrales de control: los bancos solo deberán informar transferencias superiores a $50 millones para personas físicas y $30 millones para empresas. En el caso de extracciones en efectivo, el límite se elevó a $10 millones para ambos tipos de usuarios.
Pazo justificó las decisiones señalando que la expansión de la burocracia fiscal “redujo la formalidad y favoreció la evasión”. Según explicó, en los últimos años se nombraron más de 6.000 agentes y se duplicaron las regulaciones, con escasos resultados efectivos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) solo logra auditar el 0,34% de los reportes que se generan.
Las medidas fueron presentadas como un giro estructural en la política fiscal y cambiaria del Gobierno. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia un modelo más abierto, menos regulado y con incentivos para que los ahorros en dólares ingresen voluntariamente al circuito económico formal.
Fuente Mendoza Today
