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Por Dario Rosatti
Buenos Aires 24 de Mayo de 2025-Total News Agency-TNA– La exportación de insumos médicos, químicos y farmacéuticos desde la Argentina hacia Venezuela ha generado una fuerte preocupación en organismos de seguridad y control de los Estados Unidos, debido a que estos productos estarían siendo triangulados por laboratorios argentinos en presunta violación a las sanciones impuestas por la OFAC y al sistema SWIFT con operaciones vía China y Rusia trianguladas en México y Uruguay.
Según pudo saber Total News Agency de fuentes reservadas, el laboratorio Bagó-Biogenesis y el empresario Hugo Sigman –vinculado al grupo Insud– estarían entre los principales facilitadores de estas operaciones, junto a otras firmas nucleadas en la cámara CILFA, como Roemmers. Los principales accionistas de Biogénesis Bagó son Sequirus (empresa australiana), Biogénesis Bagó y Laboratorios Elea. En otras palabras, la familia Bagó, Sielecki, Gold y Sigman son los dueños. También exportarían agroquímicos por los que el régimen paga adecuadamente.
Estados Unidos ha identificado un total de 338 empresas que realizaron exportaciones hacia Venezuela por un monto de 363.110.136 dólares (valor FOB), distribuidas en 64 categorías aduaneras.
El principal rubro de exportación, medido en dólares, corresponde a vehículos y sus partes, con un volumen cercano a los 92 millones de dólares. Le siguen los cereales, con 62 millones; grasas y aceites, también con 62 millones; hortalizas, con 46 millones; y alimentos para animales, con 29 millones. Estos cinco sectores representan el 80 % del total exportado, mientras que los primeros diez concentran el 94 % del comercio.
En séptimo lugar se ubican los productos farmacéuticos, con exportaciones por 11 millones de dólares.
Las operaciones incluyen insumos de alta sensibilidad que podrían ser utilizados por el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de forma oscura, ambos señalados por el gobierno estadounidense como líderes del cartel de los Soles y organizaciones narco-terroristas. Argentina también ha incluido al régimen en su lista de organizaciones que financian actividades ilícitas y violaciones a los derechos humanos, lo que agrava la situación de las empresas involucradas. Esta situación y la falta de controles preocupa a las autoridades de EE.UU.
Los movimientos se realizarían a través de terceros países como Uruguay y México, con el objetivo de eludir los controles internacionales. Estados Unidos, por su parte, ya inició investigaciones a través del FINCEN y el Departamento de Justicia, que podrían derivar en sanciones personales, congelamiento de activos, inhabilitación de visas y restricciones migratorias para los directores, CEOs y familiares de los laboratorios implicados.
Ante esto, buscamos alguna documentación oficial y según documentos del Banco Central de Argentina, al que accedió Total News Agency, el laboratorio Biogenesis- Bagó muestra antecedentes de operaciones de exportación hacia Venezuela, incluyendo productos médicos y químicos para uso agrícola que podrían ser redirigidos hacia mercados paralelos o para manufactura de sustancias prohibidas. Lo que ya marca un camino. En el caso de Biogénesis, otra firma del entorno de Sigman asociada a Bago, es una donde se detectaron movimientos sospechosos.
El entramado comercial cuenta con dos vías principales: por un lado, una red impulsada por empresarios alineados a CILFA, entre ellos Bagó, Roemmers y Sigman; por otro, una línea paralela gestionada por el ex embajador en Caracas, Oscar Laborde, actual parlamentario del Mercosur y quien estuvo vinculado al Partido Comunista y aun dentro del kirchnerismo. Laborde esta vinculado a la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana y con empresarios como Patricio Passet, presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela. Según la investigación, esta red habría facilitado exportaciones a través de empresas como HLB Pharma, Laboratorios Ramallo S.A. y Apharma, vinculadas a la ex ministra Carla Vizzotti y a figuras cercanas a la campaña de Sergio Massa.
Las investigaciones en las que se enfocan las autoridades de EEUU van detrás de los pagos de las operaciones que se triangulan a través de Madrid, Montevideo y Ciudad de México, y en ocasiones se habrían realizado con efectivo o metales preciosos trasladados en vuelos privados. En Madrid, los negociadores argentinos interactúan con operadores como Rodrigo Lugones –hombre cercano a Santiago Caputo y presunto enlace del oficialismo en estas gestiones– y con empresarios vinculados al petróleo y la industria farmacéutica en Venezuela, incluso el espía devenido en millonario empresario, Leonardo Scatturice, quien suele enviar su avión privado, ahora con nueva matricula a Argentina, con extraños motivos. Santiago Caputo es socio de Rodrigo Lugones quien ubico a su padre al frente del Ministerio de Salud y quien se ocuparía de conseguir interesados en las privatizaciones que busca realizar el gobierno. La campaña de LLA también recibió aportes de estos laboratorios.
Bagó, además, habría incurrido en operaciones no declaradas o en negro, según fuentes de la aduana argentina que no responden a Santiago Viola. Estas maniobras son seguidas de cerca por agencias federales norteamericanas, que anticipan una ofensiva legal inminente. “Estados Unidos no necesita notificar a la UIF ni a la justicia argentina para avanzar en sanciones globales a empresas o individuos involucrados en el financiamiento de organizaciones designadas como terroristas”, afirmaron fuentes diplomáticas en Washington.
El escenario se vuelve aún más complejo para empresarios como Hugo Sigman, quien se encuentra en la mira. También analizan sus vínculos con la producción cultural financiada por laboratorios –como el caso del film El Eternauta protagonizado por Ricardo Darín–.
“En lugar de pensar en esquiar en Aspen o viajar al Mundial 2026, muchos de estos empresarios deberán conformarse con ver los partidos desde su casa si se concretan las sanciones”, ironizó una fuente cercana a organismos de inteligencia económica de EE. UU., que confirmó que ya se preparan informes para el GAFI y otras entidades multilaterales con las que dar inicio a causas por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por ahora, el gobierno argentino guarda silencio, sobre estos movimientos. Las investigaciones en EE. UU. avanzan de forma autónoma, y podrían provocar un escándalo de proporciones regionales.
