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Buenos Aires, 27 de mayo de 2025 – Total News Agency-TNA-Mientras el Gobierno nacional intenta proyectar una imagen de solidez en política de defensa y seguridad, la realidad puertas adentro de las Fuerzas Armadas argentinas expone un creciente malestar por recortes salariales, desinversión en equipamiento y el deterioro de la obra social militar.
Presionado por las crecientes demandas del personal militar, el ministro de Defensa, Luis Petri, ultima los detalles de un decreto que buscará revertir el histórico recorte que afecta a los agregados militares destinados en el exterior. Se trata de una poda implementada en 2007 bajo la gestión de Nilda Garré, que redujo hasta en un 40% las remuneraciones de quienes prestan servicio en embajadas, organismos internacionales o misiones de paz.
Aunque el universo de uniformados afectados por esta medida es reducido, el gesto es interpretado como un intento de descomprimir el creciente malestar dentro de las filas castrenses, en un contexto de deterioro salarial que, según estimaciones, ubica a más de la mitad del personal de jerarquía media y baja por debajo de la línea de pobreza.
Las quejas también apuntan a la creciente desigualdad con las Fuerzas de Seguridad Federales, cuyos ingresos superan en un 30% promedio a los de los militares. La situación se agrava con la aplicación del impuesto a las Ganancias y la falta de una ley que los respalde si son convocados a tareas de seguridad interior, algo que el Gobierno evalúa en la frontera norte.
Otro punto crítico es la situación de la obra social IOSFA, la tercera más grande del país con 550.000 afiliados, que atraviesa una crisis sin precedentes. El déficit financiero supera los 160.000 millones de pesos y su colapso se percibe con especial crudeza en el interior del país. La conducción de IOSFA ha sido blanco de críticas, con acusaciones que apuntan directamente a Petri como principal responsable del deterioro.
En paralelo, desde distintos sectores militares crecen los cuestionamientos al estilo del propio ministro, con reproches por la sobreexposición mediática y por decisiones consideradas poco serias, como la participación de efectivos en actos protocolares o “shows” turísticos. También circulan versiones de internas y operaciones dentro de la cúpula, como las sospechas en torno a un supuesto caso de espionaje en la Armada y la abrupta salida del exjefe de la Fuerza Aérea en medio de denuncias por uso indebido de aviones oficiales.
La tensión dentro del ámbito castrense contrasta con el relato oficial que busca reposicionar a las Fuerzas Armadas en el debate público. Lejos de lograr cohesión interna, las políticas actuales parecen haber encendido una alarma silenciosa en los cuarteles, donde los reclamos no sólo son económicos, sino también institucionales. El pedido de una nueva legislación que regule la actuación militar en conflictos internos revela, además, la preocupación por el vacío legal que podría comprometer a los uniformados en tareas que excedan su función constitucional.
Mientras tanto, el decreto que busca equiparar ingresos en el exterior promete ser solo un parche dentro de un entramado mucho más complejo, donde el desgaste se acumula y el respaldo político parece cada vez más frágil.
