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Por Hugo Alconada Mon
El jefe de los servicios recibió a diputados y senadores en octubre para explicar las nuevas líneas del espionaje; hubo tensión, cuestionamientos y dudas, pero nadie alzó la voz en público
n una reunión secreta que mantuvieron con la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso cuestionaron la ambigüedad y los riesgos que depara el “Plan de Inteligencia Nacional” (PIN) que elaboró el Gobierno. Fue a fines del año pasado. Pero poco más –y con parsimonia– ocurrió desde entonces dentro de la Comisión, según reconstruyó La Nación en base a los testimonios de cinco fuentes independientes entre sí.
El contrapunto ocurrió durante la última semana de octubre, cuando al menos ocho integrantes de la comisión legislativa asistieron a una presentación del documento secreto de 170 páginas que organizaron los referentes de la SIDE, en la sede central del organismo, sobre la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada. Terminó mal.
Liderados por el jefe máximo de la inteligencia argentina, Sergio Neiffert –quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo–, varios referentes de la SIDE presentaron los lineamientos generales del Plan de Inteligencia Nacional, apoyados en un Power Point. Pero tras dos horas repletas de tecnicismos y postulados generales, el encuentro se levantó entre reproches cruzados, según coincidieron las fuentes consultadas.
“Fue una mezcla de generalidades y chapucería”, detalló una fuente al tanto de lo que ocurrió durante la reunión y una segunda lo resumió en “puro biri biri”, en tanto que otras dos coincidieron en que los contrapuntos comenzaron cuando algunos legisladores exigieron precisiones sobre cuáles serían las prioridades concretas de la SIDE con Javier Milei. La quinta voz consultada, por el contrario, cargó desde el oficialismo contra los legisladores: “Varios de ellos no habían ido preparados o, peor, ni habían leído el documento antes de la reunión”.
El Plan de Inteligencia Nacional, según reveló La Nación el domingo pasado, fija cuáles son los lineamientos estratégicos de la SIDE para los próximos años. Algunos reafirman prioridades trazadas por gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en las islas Malvinas, el Atlántico Sur y el sector antártico. Pero la versión que redactaron funcionarios mileístas también entreabrió la puerta a tareas de espionaje que podrían recaer sobre periodistas, economistas y todo “actor” que cuestione a Milei o, por ejemplo, a sus “políticas económicas”.
También podrían quedar bajo la lupa de la SIDE todos aquellos que puedan “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación o que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”, sin precisar si alude a politólogos, analistas u otros “actores”.
La Nación también reveló, este martes, la existencia de decenas de directivas secretas que emitió la SIDE durante el primer semestre de este año. Entre ellas, una de finales de enero trazó el objetivo de “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” del país y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.
Las tareas que agentes de la SIDE puedan desarrollar sobre “grupos sociales vulnerables” y “movimientos sociales” fue, al decir de dos de las fuentes consultadas, uno de los ejes que llevó a roces durante el encuentro que mantuvieron a finales de octubre el puñado de legisladores y los funcionarios del organismo, que negaron que vayan a cruzar los límites de la legalidad, pero esquivaron precisiones.
A su vez, los legisladores mostraron diferencias entre ellos. Asistieron el presidente de la comisión, senador Martín Lousteau (UCR); el vicepresidente, diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria, UP); el secretario, senador Oscar Parrilli (Unión Ciudadana) y varios vocales, como la senadora María Florencia López (Frente Nacional y Popular), y los diputados Cristian Ritondo (PRO) –que se retiró antes– y Rodolfo Tailhade (UP), además de los libertarios Facundo Correa Llano y Pablo Ansaloni.
El encuentro concluyó entre rispideces y dentro de la Comisión no son pocos los que asocian los contrapuntos durante la reunión dentro de la SIDE con el ingreso vandálico posterior al Comité Nacional del radicalismo. Ocurrió apenas 48 horas después, y al menos cinco personas no identificadas rompieron muebles y carpetas, y revolvieron carpetas, pero no robaron nada. Todo, a 100 metros del Congreso, durante la madrugada del sábado 2 de noviembre.
Desde entonces, la Comisión –cismada por la falta de presupuesto y personal, y las diferencias internas– avanzó a paso lento. En enero, recibió las impugnaciones que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el dirigente social Juan Grabois, entre otros, presentaron a la designación dentro de la SIDE del otrora secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz.
En marzo, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), presentó otra nota ante la Comisión. ¿Para qué? Para exigir que investigue si la SIDE participó en la planificación del operativo de seguridad para la marcha de los jubilados, la semana siguiente a la agresión al reportero gráfico Pablo Grillo.
Mientras tanto, los diputados Moreau y Tailhade redactaron un informe secreto con cuestionamientos al Plan de Inteligencia Nacional. Comenzó a circular hace dos meses entre los doce miembros restantes de la comisión. Alertaron sobre el uso de términos difusos como compuerta hacia una eventual caza de brujas, según reveló la periodista Irina Hauser en Página 12. Y marcaron que el Gobierno no ha establecido una “doctrina” de inteligencia tras la derogación de la que regía en 2015.
Basado en esos planteos, Lousteau se comprometió a enviar oficios con requisitorias puntuales a la SIDE sobre el PIN y sus derivados, como también sobre la reconfiguración del organismo tras el ingreso del abogado José Francisco Lago Rodríguez, como su nuevo número dos. La semana próxima, acaso, el titular de la SIDE, Neiffert, al fin deba comparecer ante la comisión, en el Congreso.
Fuente La Nación
