Buenos Aires, 2 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA--Cinco de los seis empresarios condenados por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K” se presentaron días atrás en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con la orden de detención dictada por el Tribunal Oral Federal 4, tras la confirmación de las penas por parte de la Corte Suprema.
Fabián Rossi, Eduardo Castro, César Fernández, Carlos Molinari y Juan Alberto De Rasis quedaron alojados en la alcaidía de la Policía Federal en Villa Lugano, donde comenzaron a ser sometidos a estudios médicos que serán determinantes para resolver si acceden al beneficio de prisión domiciliaria.
Las defensas de los implicados ya presentaron distintos pedidos para cumplir la condena fuera del penal, argumentando razones de salud y edad avanzada. La mayoría supera los 70 años, umbral que la legislación contempla como criterio para considerar la morigeración del encierro.
Cada solicitud será analizada en legajos individuales. En ese marco, los peritajes médicos jugarán un rol clave para que los jueces evalúen el estado de salud de los condenados y tomen una decisión sobre su situación.
El único que no se presentó aún ante la Justicia es Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, quien permanece internado en Chaco. El tribunal ordenó una custodia permanente a cargo de la división Resistencia de la Policía Federal hasta que reciba el alta médica.
Las condenas, ratificadas por la Corte Suprema, alcanzan a distintos empresarios y colaboradores del entorno de Lázaro Báez, quien ya cumple prisión por liderar la estructura de lavado de activos a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
La causa se inició en 2013 tras una investigación periodística emitida por el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata. El informe reveló cómo, entre 2010 y 2013, un entramado de sociedades y cuentas en el exterior permitió lavar más de 54 millones de dólares, provenientes de la obra pública adjudicada al empresario santacruceño.
El esquema incluyó transferencias al extranjero, la compra de bonos soberanos y la simulación de inversiones extranjeras en Austral Construcciones, todo con el objetivo de darle apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Con la confirmación del máximo tribunal, los involucrados ahora afrontan la ejecución de sus penas. Sin embargo, la posibilidad de cumplirlas en sus domicilios dependerá de las evaluaciones médicas y de la decisión que adopte el tribunal en cada caso.
