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Buenos Aires, 2 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA--Un corte total en Camino Negro protagonizado por más de 300 trabajadores de la feria La Salada provocó hoy serios incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Puente La Noria. La protesta, motivada por el cierre prolongado del predio tras la detención del empresario Jorge Castillo, derivó en una escena de máxima tensión con bloqueos vehiculares, represión policial y enfrentamientos con manifestantes.
La jornada comenzó temprano, cuando cientos de feriantes interrumpieron completamente ambos sentidos del tránsito sobre Camino Negro, afectando la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El corte generó un importante caos vehicular, con automóviles, colectivos y motos detenidos por más de una hora, sin posibilidad de desvíos.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo compuesto por unos 300 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal. A las 7.45 se logró liberar parcialmente las colectoras, y cerca de las 9 fue habilitado un carril hacia la capital. Sin embargo, minutos después, un nuevo entredicho reactivó la protesta y desencadenó un enfrentamiento directo entre manifestantes y uniformados.
En medio del conflicto, se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y piedras. Los manifestantes, en su mayoría trabajadores autogestionados del predio clausurado, denunciaron falta de respuestas por parte de la Justicia y exigieron una pronta reapertura de la feria, que consideran fuente de sustento para unas 30.000 personas.
“Hace cinco ferias que no trabajamos. No hay respuestas ni de la Justicia ni del Estado. Nos están dejando sin comer”, afirmó uno de los carreros que participó del corte. Otro vendedor señaló que dentro del predio también trabajan personas en blanco, con aportes al día: “No somos todos ilegales. Queremos volver a trabajar y que se levante la clausura”.
La medida de fuerza se produce tras la detención de Jorge Castillo, considerado administrador principal de La Salada, acusado por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva. La investigación, iniciada en 2023, incluyó más de 60 allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Luis Armella, y reveló un entramado de casi 90 sociedades y múltiples maniobras de blanqueo.
Según los organizadores de la protesta, el temor a que la clausura se prolongue por tres meses los obligó a tomar una medida más drástica, luego de dos manifestaciones previas pacíficas que no lograron respuesta. Tras los incidentes, se vivieron momentos de relativa calma con intentos de negociación, aunque los manifestantes continuaban apostados en la zona hacia el mediodía.
El conflicto permanece abierto y se espera que continúe si no hay una resolución por parte del Poder Judicial o el Ministerio de Defensa, de quien depende la seguridad del predio. Las autoridades evalúan nuevas acciones para evitar bloqueos prolongados, mientras los feriantes insisten en que su única demanda es volver a trabajar.
