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Buenos Aires, 3 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA--El fiscal federal Abel Córdoba solicitó este martes que el empresario Lázaro Báez vuelva a prisión para cumplir la condena firme en su contra por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. La medida alcanza también a su abogado, Jorge Chueco, y a su contador, Daniel Pérez Gadín.
La presentación se realizó ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo del juez Néstor Costabel, quien tendrá a su cargo el cómputo de las penas y la decisión sobre los pedidos de detención. En su dictamen, Córdoba solicitó que “se ordenen las capturas y el alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal” de los tres condenados.
La decisión del fiscal se enmarca en el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena por lavado de activos agravado por operaciones realizadas entre 2010 y 2013, por un monto de casi 55 millones de dólares, a través de la financiera SGI —conocida como “La Rosadita”— y con fondos presuntamente provenientes de la obra pública.
Respecto a Martín Báez, hijo del empresario y también condenado, el fiscal entendió que no corresponde ordenar su detención, ya que goza del beneficio de libertad condicional tras haber sido excarcelado en su momento.
La semana pasada, el TOF 4 ya había ordenado la detención de otros implicados en la misma causa, como Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, luego de que sus condenas quedaran firmes.
El caso se originó en 2013 tras un informe periodístico en el programa “Periodismo Para Todos”, que denunció el presunto traslado ilegal de fondos al exterior por parte de Báez, empresario ligado al kirchnerismo y beneficiario de contratos de obra pública en Santa Cruz. Las declaraciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, sumadas a las imágenes difundidas en 2016 de personas contando fajos de billetes en “La Rosadita”, reactivaron la causa.
En abril de 2016, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez y otros involucrados, bajo sospecha de fuga. La instrucción determinó que existió una estructura organizada para lavar dinero mediante maniobras financieras dentro y fuera del país.
Ahora, con la sentencia firme y el pedido fiscal sobre la mesa, el tribunal deberá resolver si los condenados regresan a una cárcel federal para cumplir el resto de sus penas.
