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Buenos Aires, 3 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–En un escenario cargado de tensión política, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a analizar el expediente del caso Vialidad, en el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa, que ya fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, ha ingresado finalmente en la órbita del máximo tribunal, cuyos jueces —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— comenzaron a revisar los recursos de queja presentados por las defensas de los imputados, entre ellos la de la ex vicepresidenta.
El avance del expediente en el alto tribunal se produce a escasos días del anuncio de Cristina Kirchner como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, con vistas a los comicios del próximo 7 de septiembre. La simultaneidad entre la campaña electoral y el eventual fallo definitivo plantea un escenario institucional sin precedentes.
Desde la Corte evitaron dar señales sobre el posible desenlace, aunque una frase recorre los pasillos del Palacio de Justicia: “La ansiedad de la política no marca el paso de la Corte”. La expresión da cuenta del hermetismo con el que se maneja el tribunal en un contexto en el que sus decisiones podrían impactar de lleno en el proceso electoral.
El caso Vialidad investigó supuestas irregularidades en 51 licitaciones de obras viales adjudicadas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado a Néstor y Cristina Kirchner. El fallo de primera instancia describió un esquema sistemático de direccionamiento de contratos, sobreprecios, falta de controles y simulaciones de competencia.
La Cámara de Casación confirmó la condena a la ex presidenta, aunque rechazó el pedido del fiscal Mario Villar, que había reclamado una condena mayor por asociación ilícita. Esa solicitud, avalada por el procurador Eduardo Casal, forma parte de las presentaciones aún pendientes de resolución.
Los jueces de la Corte pueden adoptar tres caminos posibles: rechazar directamente los recursos de queja mediante el artículo 280 del Código Procesal, lo que daría firmeza inmediata a la condena; abrir los recursos y analizarlos en profundidad, aunque eventualmente podrían llegar al mismo resultado; o incluso, una opción menos probable según fuentes judiciales, admitir el reclamo del fiscal y ordenar a la Cámara de Casación que revise nuevamente la acusación por asociación ilícita.
La confirmación definitiva del fallo supondría para Cristina Kirchner una condena de prisión —eventualmente domiciliaria— por seis años, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes por un monto calculado en más de \$85.000 millones.
En el plano político, la candidatura de la ex mandataria abre interrogantes legales sobre su eventual asunción en caso de ser electa. Según especialistas, si la Corte se expidiera antes de los comicios, la condena impediría su incorporación a la Cámara. Si el fallo llegara después de las elecciones pero antes de la jura, la Legislatura no podría tomarle juramento. Y si la sentencia se conociera con posterioridad a su asunción, debería ser la propia Legislatura la que analice su permanencia, pudiendo retirarle los fueros.
En cualquiera de los escenarios, la decisión final queda en manos de los tres jueces de la Corte Suprema que tienen bajo análisis el caso desde hace varios días. Sin plazos establecidos, pero con una elección inminente, el fallo podría redefinir el tablero político y judicial en un año decisivo para el futuro de Cristina Kirchner.
