El Estado y 13 CCAA incumplen los objetivos fiscales y tendrán que hacer un plan de ajuste

El crecimiento del gasto público en 2024 llevó a la gran mayoría de las administraciones públicas a incumplir la Ley de Estabilidad, que fija objetivos de déficit, deuda y gasto para el sector público. La regla de gasto fue superada ampliamente por la mayor parte de territorios, incluyendo la Administración Central, como figura en el informe de cumplimiento publicado por la Intervención General.

En concreto, el límite permitido de incremento del gasto computable en 2024 era del 2,6%, pero la Administración Central lo elevó un 6,8%. Esto es, casi triplicó el tope de gasto permitido por la ley. La mayor parte de este desfase fue consecuencia del pago de sentencias condenatorias para el Estado, por una cuantía de 6.582 millones de euros. En cualquier caso, sin ese montante, la Administración Central también habría superado el límite que fija la regla de gasto.

Además del Gobierno central, otras 13 comunidades autónomas incumplieron la regla de gasto. En total, el subsector completo de comunidades autónomas incrementó su presupuesto computable un 5,1%, casi el doble del límite máximo permitido del 2,6%. Sólo las corporaciones locales se ajustaron a lo que determina la Ley de Estabilidad y no sólo no aumentaron su gasto, sino que lo redujeron un 2,3%.

Este resultado abre un escenario complicado para el Ministerio de Hacienda. La Ley de Estabilidad no deja lugar a dudas, la Administración que incumpla la regla de gasto debe presentar “un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto”. Y, además, debe hacerlo ante el Congreso o la cámara competente en un plazo máximo de un mes.

Es más, ese plan debe explicitar las causas del incumplimiento de la regla de gasto, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y las medidas que adoptará el gobierno responsable para reconducir el incumplimento en el año en curso.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que, sin medidas de ajuste adicionales, tanto la Administración Central como el conjunto de CCAA incumplirán la regla de gasto este año y los siguientes hasta 2027. Esto significa que la Ley de Estabilidad gana aún más relevancia, ya que mandata a la Administración incumplidora a corregir, ese mismo año, la desviación en la regla de gasto o en el objetivo de déficit.

A partir de aquí, la responsabilidad recae sobre el Gobierno central y, particularmente, sobre el Ministerio de Hacienda. Es el que tiene que asegurarse de que las Administraciones incumplidoras presenten el plan económico-financiero, además de presentar el suyo. En los últimos años, gracias a la suspensión de las reglas fiscales, no tuvo que asumir este papelón. Pero ahora tiene que decidir si asume la ley o la incumple.

Antes de la pandemia, el Ministerio de Hacienda ignoraba sistemáticamente esta ley. Ni presentaba el plan económico-financiero a nivel de la Administración Central, ni obligaba a las CCAA a hacerlo. En buena medida, porque cuando era el Gobierno central el que incumplía, al no querer presentar su plan, no tenía argumentos para imponer al resto de administraciones que lo hicieran.

Pese al incumplimiento de la regla de gasto, la Administración Central cumplió con su objetivo de déficit gracias al buen ritmo de la recaudación. El crecimiento económico y la inflación, así como el final de las rebajas del IVA permitieron compaginar un incremento del gasto con una reducción del déficit. En concreto, el objetivo de déficit para la Administración Central era del 3% y cerró el año con un 2,91%.

Las CCAA incumplidoras

La Intervención General del Estado (IGAE) ha confirmado además, que seis autonomías incumplieron en 2024 el objetivo de déficit. El objetivo para las Comunidades Autónomas era del 0%, esto es, equilibrio presupuestario, pero finalmente cerraron el año con un déficit del 0,1% del PIB. La Comunidad Valenciana lideró el capítulo de los incumplimientos, con un déficit de 2.782 millones, de los cuales, 292 fueron gastos extraordinarios atribuibles a la dana del 29 de octubre.

Cataluña fue el segundo territorio con mayor desfase entre ingresos y gastos: 1.227 millones. Euskadi cerró con 585 millones de euros de desequilibrio, el mismo montante económico que Madrid. Murcia lo hizo con 478 millones. La Rioja registró un resultado negativo marginal de apenas 4 millones. El resto de autonomías cerró con superávit.

La Generalitat Valenciana y Cataluña, así como el gobierno de la Región de Murcia, tienen dificultades para financiarse en los mercados privados de deuda, por lo que están a la espera de que, como ocurría hasta ahora, el Ministerio de Hacienda habilite una aportación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder tapar su agujero y aliviar las tensiones de tesorería que acumulan desde el año pasado.

No obstante, la ley de estabilidad establece la obligación de hacer un plan de ajuste que acompañe la dotación extra de liquidez. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo la vista gorda sobre esto, empatizando con los problemas estructurales de financiación de autonomías como la valenciana. Montero tiene la palabra.

En cuanto a la regla de gasto, trece comunidades autónomas la superaron en 2024. Sólo Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura cumplieron en este apartado. “El gasto computable del ejercicio 2024 para el subsector de las Comunidades Autónomas es superior en 10.088 millones de euros al del año 2023, lo que implica una tasa de variación del 5,1% con relación al año anterior. Por tanto, el conjunto de este subsector incumple el objetivo fijado para la regla de gasto, ya que la tasa de variación objetivo era el 2,6%”. Sólo las cuatro comunidades complidoras están exentas de presentar un PEF.

Fuente El Confidencial