Buenos Aires, 5 de junio – Total News Agency-TNA–En un episodio que ha generado indignación y repudio, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue acusado de ordenar la expulsión de un niño de dos años de un jardín municipal por razones políticas. La denuncia fue realizada por su padre, Lucas Yacob, dirigente del PRO y actual prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense.
Según Yacob, la secretaria de Educación del municipio, Claudia Colaso, lo contactó a fines de mayo para informarle que, de forma inmediata, su hijo no podría seguir asistiendo al jardín maternal municipal donde estaba escolarizado desde 2023. El argumento oficial fue una supuesta “reorganización” institucional, pero el caso rápidamente reveló un trasfondo más oscuro.
“El único chico afectado por esa supuesta reorganización fue mi hijo. Es un acto de cobardía y fanatismo político que jamás imaginé. Es la primera vez que escucho que se metan con un nene de dos años”, expresó el dirigente opositor, visiblemente conmocionado por el hecho. Para Yacob, se trata de una represalia directa por sus críticas recientes a la gestión de Ferraresi, contra quien compitió en las elecciones municipales de 2023.
El caso no sólo implica la interrupción del ciclo educativo del niño, sino también la separación abrupta de su maestra y de su entorno de amiguitos, en un acto que evidencia la intolerancia del oficialismo local ante voces disidentes. La denuncia pública fue acompañada por el envío de una Carta Documento a Ferraresi y a Colaso, exigiendo una explicación formal por lo que consideró una medida “arbitraria, intempestiva e ilegal”.
Desde el municipio, las declaraciones fueron contradictorias. Fuentes cercanas al intendente deslizaron informalmente que la decisión habría sido de los propios padres, aunque no ofrecieron documentación ni versiones oficiales que respalden esa hipótesis. La vacante, aseguraron, “no fue dada de baja”, pero evitaron pronunciarse sobre el hecho de que ningún otro alumno fue reubicado en el marco de la supuesta reorganización.
El silencio de Ferraresi y la falta de una explicación pública agravan la gravedad del hecho. Lo que podría haberse tratado como un error administrativo tomó forma de castigo político con víctimas inocentes, donde el fanatismo desplazó al criterio y la mezquindad se impuso sobre los derechos de un niño.
En un clima preelectoral cada vez más tenso y sucio, este caso deja al descubierto una preocupante intolerancia que amenaza con degradar los valores democráticos más elementales.
